Plan Carabobo 2021: la última propuesta del gobierno venezolano en materia de seguridad ciudadana


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“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Lampedusa (1958) El gatopardo.

“LA GUERRA ES LA PAZ, LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD, LA IGNORANCIA ES LA FUERZA (…) …los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones [se hacían] en los sótanos del Ministerio del Amor. (…) El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra; El Ministerio de la Verdad, de las mentiras; el Ministerio del Amor, de Ia tortura, y el Ministerio de la Abundancia, del hambre. Estas contradicciones no son accidentales, no resultan de la hipocresía corriente. Son ejercicios de doblepensar. Porque sólo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente. (…) Si la igualdad humana ha de ser evitada para siempre, si los Altos, como los hemos llamado, han de conservar sus puestos de un modo permanente, será imprescindible que el estado mental predominante sea la locura controlada. (….) Llegamos con esto al secreto central. Como hemos visto, la mística del Partido, y sobre todo la del Partido Interior, depende del doblepensar. Pero a más profundidad aún, se halla el motivo central, el instinto nunca puesto en duda, el instinto que los llevó por primera vez a apoderarse de los mandos y que produjo el doblepensar, la Policía del Pensamiento, la guerra continua y todos los demás elementos que se han hecho necesarios para el sostenimiento del Poder.” Orwell (1949) 1984.

“Vuelven las OLP con más fuerza y más amor y más cariño para el pueblo”. Maduro (2017) Presentación del Plan Carabobo 2021.

El martes 17 de enero el Presidente de la República en cadena nacional presentó el Plan Carabobo 2021 en materia de seguridad ciudadana. Trataré de presentar unas primeras impresiones sobre el mismo, no sin antes insistir que más que los anuncios lo importante en las políticas públicas son los resultados.

  1. ASPECTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE POSITIVOS
  2. Más allá de los señalamientos que se le hacen públicamente a Tarek El Aissami, y de la veracidad o no de los mismos*, debe reconocerse que fue durante su gestión como ministro que se avanzó en el intento de implementación e institucionalización del Nuevo Modelo Policial venezolano, diseñado en la CONAREPOL durante la gestión de Jesse Chacón.
  3. El alto gobierno reconoce que la seguridad ciudadana es un problema nacional que debe asumirse y expresan tener la voluntad política para ello.
  4. El Presidente asumió la existencia de errores en las OLP, a su manera, posiblemente fue un intento de reconocimiento frustrado, no bien logrado; sin embargo, es la primera vez que hace algo semejante respecto a estos operativos.
  5. ASPECTOS QUE GENERAN PREOCUPACIÓN
  6. Se muestran unas cosas para solapar otras, con lo aparentemente bueno tratan de encubrir lo malo: A pesar de retomar varias políticas que representan un enfoque distinto a las OLP (Misión A Toda Vida, Movimiento por la Paz y la Vida, las casas de justicia, etc…) estas se presentan entremezcladas con otras que favorecen este tipo de operativos y sus lógicas bélicas (SP3, militarización de la seguridad ciudadana, incorporación del SEBIN en estas labores). Por una parte, este ejercicio pareciera ser una forma de suavizar públicamente lo que se ha venido haciendo con la OLP y retomar parte del discurso más estructural que se tenía oficialmente sobre la seguridad ciudadana antes del año 2013, pero a su vez lo anterior sirve de camuflaje para mantener y profundizar prácticas que han sido severamente cuestionadas como las OLP.
  7. Cambio solo en las siglas no en la praxis institucional: Como lo advertimos en otras oportunidades, presentaron las OLP remozadas ahora con la inclusión de una “H” de humanista. A parte de ser una confesión de lo inhumanos que han sido estos operativos, es en sí mismo una contradicción, un oxímoron. Parece algo hecho por los mismos creadores de “la minería ecológica”, es como hablar de un “machismo feminista”, “vegetarianismo carnívoro”, “homosexualismo homofóbico”, “genocidio amoroso” o una “tortura con ternura”. El mensaje parece ser la insistencia en mantener estas prácticas de masacre por goteo de los sectores más vulnerables de la sociedad, posiblemente con menos propaganda, con un discurso más cuidado, pero con la misma –o incluso mayor– letalidad.
  8. Insistencia en la militarización de la seguridad ciudadana: la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), de finales del año 2014, tenía como uno de sus principales objetivos la creación en su artículo 59 del “Sistema de Protección para la Paz” (SP3), que en parte se desarrolla posteriormente en el Decreto Presidencial N°1.471 del año siguiente. Estos instrumentos confunden los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad de la nación, fusionando ámbitos civiles y militares, política de defensa nacional con política criminal, fenómenos delictivos con amenazas externas a la seguridad de la nación, participación ciudadana en la elaboración de la política pública con acciones policiales y militares ejercidas por la propia comunidad. Ya en 2008 el gobierno hizo un intento más tímido con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, afortunadamente en esa oportunidad el presidente Chávez rectificó y derogó la misma. Por otra parte, en 2014 se elaboran también una serie de normas y reformas legislativas que apuntan hacia la militarización de áreas propias de la seguridad ciudadana. Por ejemplo: 1) La creación de la “Fuerza de Choque” mediante resolución 006574 del Ministerio de la Defensa cuyas atribuciones no son claras; 2) Las reformas de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la LOSN publicadas en noviembre de 2014. Es toda esta lógica militar sobre la seguridad ciudadana la que se está “relanzando” con el Plan Carabobo 2021.
  9. La participación de la comunidad en labores de seguridad ciudadana: la lógica del vigilantismo y la delación (el sapeo). La discusión de la política, su diseño, seguimiento y control son procesos distintos al de la ejecución de la misma. Además, cuando se trata de seguridad ciudadana no se busca directamente la satisfacción de derechos básicos (alimentación, salud, vivienda, etc.), ni se limita solo a la contraloría social de las instituciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, en especial cuando se aborda el tema de la seguridad ciudadana, porque la misma puede estar vinculada en algunas circunstancias con la merma de los derechos fundamentales de quien se considere como infractor. El Estado en estos casos debe velar tanto por los derechos de la víctima como del victimario y esto al ser cuestión de derechos fundamentales, de protección de minorías y del más débil, no puede ser delegado a la comunidad.

El delegar la garantía de seguridad ciudadana a las comunidades pudiera generar muchos más problemas de los que pretende solucionar, deteriorando seriamente las relaciones comunitarias de horizontalidad, solidaridad y empatía; convirtiendo así a los ciudadanos en policías, en vez de hacer lo contrario: convertir a los policías en ciudadanos. Debe evitarse la creación de espacios que promuevan el vigilantismo y la delación, por el contrario, deben promoverse instancias para solventar conflictos de manera alternativa, evitando que los mismos trasciendan. Lamentablemente con el Plan Carabobo 2021 se está promoviendo, nuevamente, la institucionalización de sapeo, de la delación, entre los vecinos y las comunidades. Sobre el rol de la comunidad en materia de seguridad ciudadana pueden ver: “Estudio de la participación comunitaria o ciudadana como modalidad de una política criminal” y “Participación ciudadana y seguridad”.

  1. La partidización de la seguridad ciudadana y la institucionalización del sapeo: la policía política, el SEBIN, debe ser una institución altamente especializada en seguridad del Estado y de sus instituciones políticas. No debe tener funciones en materia de seguridad ciudadana ni criminalidad común. El mezclar estas labores es contraproducente porque no solamente se comete el mismo error de confundir la seguridad de la nación con la seguridad de las personas, con la consecuente promiscuidad de funciones y actores institucionales que tienen entrenamientos y racionalidades distintas, sino que además le resta imparcialidad y profesionalismo a las labores de seguridad ciudadana, extendiendo sobre las mismas la lógica de la conspiración en contra de la seguridad de Estado, que en un contexto de polarización como el nuestro es contraproducente, porque criminaliza a la disidencia y se politiza al hampa común. Con esto, además, se brindan mayores oportunidades para la corrupción y los excesos de los funcionarios del SEBIN y su institución. Finalmente, se confunden las labores de inteligencia política con las de inteligencia criminal, que deben estar claramente diferenciadas y corresponder a espacios institucionales separados.
  2. Se incrementa la hipertrofia policial: paradójicamente sobre este tema existe consenso entre oposición y gobierno, ambos sectores quieren más policías y armas, pero para sus funcionarios, no para los de su adversario, porque ninguno de los dos bandos piensan en políticas de Estado. Esta necesidad es falsa y así lo han señalado varios investigadores (Antillano, Sanjuán y Kronick), también lo hemos advertido en otras oportunidades. La tasa de encuadramiento es un estándar construido internacionalmente para estimar el número de funcionarios policiales de acuerdo con la densidad poblacional; en años recientes se ha establecido como medida entre 300 y 400 funcionarios por cada 100 mil habitantes (pcmh).

La hipertrofia policial es el crecimiento acelerado y desmedido de la institución policial. Todo proceso de masificación en la prestación de un servicio debe tener un ritmo racional, que debe ser evaluado técnica y permanentemente para asegurar la calidad y evitar que el pretendido remedio termine siendo peor que la enfermedad. Desde el año 2006, a partir del proceso llevado a cabo por la CONAREPOL, el número de todas las policías preventivas (en los tres niveles político territoriales) se ha incrementado considerablemente; ya desde el año 2007 el país se encontraba por encima de los estándares internacionales de tasa de encuadramiento policial (429 policías pcmh) (Antillano y CPDHUCV, 2007; Antillano, 2014). Así se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 (Sanjuan, 2012) a más de 140 mil para mediados de 2015 (Bernal, 2015). Esto significa que el pie de fuerza policial ha tenido un crecimiento aproximado de 22,3% en los últimos nueve años, incrementándose la tasa de encuadramiento policial 28 puntos más, para llegar a 457 policías pcmh, 107 puntos por encima del estándar internacional. El caso de la PNB es emblemático; según información oficial, con apenas seis años de creación ha alcanzado un número aproximado de 14.739 funcionarios (PNB, 2015).

Con base en la evidencia anterior podría afirmarse que en Venezuela no hacen falta más policías, sino mejores policías, mejor organización, mayor supervisión y control sobre los funcionarios, una mejor y equitativa distribución sobre el territorio (Ávila, 2016:30-31). El sacar a la calle en cinco meses, sin un debido proceso de selección, capacitación, supervisión y control, a 10 mil nuevos PNB y 10 mil nuevos GNB, acarreará más problemas que soluciones.

III. COMENTARIOS A CADA UNA DE LAS LÍNEAS DEL PLAN

Línea 1: planes deportivos, culturales y creación de valores del Movimiento por la Paz y la Vida (creado en 2013). Si bien las políticas de seguridad ciudadana deben abordarse desde la interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, debe tenerse cuidado de no diluir la política de seguridad ciudadana en la política social general, ni confundir una con la otra, mucho menos criminalizar la política social (hacer política social desde espacios securitarios). No se satisfacen derechos básicos de los más humildes con fines preventivos (lógica securitaria que termina criminalizando a estos sectores sociales), se satisfacen sus derechos y se ofrecen oportunidades porque es este el fin del Estado. Que cada ente del Estado asuma su rol, la educación, la cultura y el deporte tienen su propia lógica y persiguen fines más trascendentes que la seguridad ciudadana. La política social es lo principal y estas deben ser estructurales, institucionalizadas y universales.

Por otra parte hay que cuidar el tema moralista y conservador que usualmente acompañan estas “cruzadas por el rescate de los valores”. Lo que tiene que haber es presencia institucional permanente e intervenciones oportunas y de contención cuando estas sean necesarias. La policía no debe sustituir ni a la familia ni al maestro. Cada uno a lo suyo.

Línea 2: El Plan Patria Segura (creado en 2013). La distribución de la policía en el territorio, el patrullaje y la atención inmediata a la ciudadanía en casos de emergencia es un servicio fundamental que debe prestarse de manera permanente. Esto debe institucionalizarse, con la debida supervisión y control sobre los funcionarios que prestan el servicio. Lo que se cuestiona es el enfoque circunstancial que ha tenido, propagandístico, que no permanece en el tiempo, y en especial la incorporación de efectivos e instituciones militares y de la policía política en estas labores. Las funciones de cada fuerza de seguridad, tal como se presentó en el Plan Carabobo 2021, se hacen difusas, lo que dificulta la rendición de cuentas y la adjudicación de responsabilidades ulteriores.

Línea 3: Extensión de los cuadrantes de paz. Es decir, aumentar los espacios territoriales sobre los cuales se ha de priorizar la aplicación de las políticas de vigilancia, control, respuesta inmediata y patrullaje. Esto no es más que un paso técnico necesario para ejercer las funciones de la línea anterior.

Línea 4: Fortalecimiento del Sistema de Protección para la Paz (SP3) (creado en 2014). A esta línea corresponden las críticas relativas a la militarización y partidización de la seguridad ciudadana, la lógica del vigilantismo y la delación señaladas en los puntos 3, 4 y 5 de los aspectos que generan preocupación.

Línea 5: La OLP humanista. El cambio de siglas oculta el apoyo y profundización de las mismas prácticas que han sido cuestionadas por su ineficacia y altos costos en vidas humanas (puntos 1 y 2 de los aspectos que generan preocupación).

Línea 6: Las casas de justicia: son necesarios espacios que sirvan como centros de resolución de conflictos, mediación, así como para el acceso a la justicia en espacios comunitarios y parroquiales. Estas instancias deben tener como principal función hacer intervenciones inmediatas en la conflictividad cotidiana, de baja intensidad, garantizando así la presencia y autoridad del Estado a través del resguardo de los derechos de las personas por vías no penales (administrativas, civiles, simbólicas, educativas, terapéuticas, sociales), sin descartar su uso en caso de que los mecanismos primarios resulten insuficientes. No sé si las casas de justicia propuestas desde 2013 representan esto, pero es una oportunidad para intentar construir estas instancias de control institucional primario no penal.

Es importante trascender a la política del espectáculo, los aspectos rescatables del plan deben ir más allá de la mera propaganda o a las acciones coyunturales. Lo que debe hacerse es construir y garantizar la institucionalización de las políticas públicas.

Lamentablemente no se hizo mención de la necesaria revisión del Sistema de Justicia Penal: la depuración que estas instituciones deben tener, el necesario procesamiento de policías, fiscales y jueces vinculados con actividades y redes delictivas, así como con violaciones de DDHH. Tampoco se tomaron decisiones para evitar que este tipo de conductas sean la práctica común en estas instancias. Mientras que no se asuma la transformación del propio sistema desde adentro, no se tendrán avances.

Se deben tener indicadores, rendir cuentas, tener como objetivo principal la reducción de la violencia, tanto institucional como delictiva, priorizando siempre en la garantía del derecho a la vida.

Publicado originalmente en Contrapunto 

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