Logremos el desarme


Compártelo

Uno de las características de las sociedades modernas es que, –en su mayoría- reconocen la igualdad en sus constituciones. El caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no es excepción y versa en su artículo 21 que: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona (…)”

En ocasiones, ¿existe igualdad entre las y los ciudadanos si algunos tienen armas y otros no? Definitivamente no. Por ello el Estado es el que ejerce la autoridad sobre la violencia y el monopolio de la violencia está sujeto a regulaciones y podría utilizar la violencia solo en el marco de lo previsto en la ley. También por eso, el porte de armas es tan restringido y debe ser otorgado con gran meticulosidad. La posesión de armas genera una enorme condición de desigualdad entre las y los ciudadanos y altera las dinámicas sociales de la comunidad. Existen jerarquías que nacen entre quienes tienen armas y quienes son sometidos por ellas, obediencia generada por el miedo y distanciamiento que co-existen en un mismo espacio físico.

Cuando el crimen organizado está presente en una comunidad, suele utilizar las armas como un mecanismo de disuasión a quien se le ocurra objetar sus prácticas en la comunidad. En otras palabras, es un mecanismo de control social. Un control social que no debería existir y que la constitución busca garantizar al afirmar que no se permitirán discriminaciones que atenten contra los derechos y libertades de toda persona. La presencia de crimen organizado es preocupante por múltiples factores, entre ellos porque supone que el monopolio de la violencia está roto y porque unas o unos ciudadanos controlan las conductas y actividades. Sin siquiera mencionar las implicaciones de seguridad ciudadana, civiles organizados y armados deben ser una preocupación primordial por como alteran la igualdad entre las y los ciudadanos y afectan el tejido social.

Cuando control social e ideología se juntan

El crimen organizado e incluso el hampa común generan control en la sociedad basado en sus intereses criminales y en garantizar su control territorial o de influencias. Sin embargo, existen otros grupos armados que pueden ser más peligrosos para el mantenimiento de la condición de igualdad entre las y los ciudadanos: grupos paramilitares, milicias o en general, grupos armados con ideologías políticas. Y no me refiero a igualdad en términos económicos o incluso en varios aspectos sociales, me refiero a igualdad en términos de libertad. Que ningún ciudadano o ciudadana pueda ser sometido o sometida por otra persona o grupo por lo que piensa, lo que dice, con quien se junta, a quien apoya o no.

Estos grupos ideológicos y armados ejercen un control social similar al del crimen organizado, sin embargo, con el agravante de que pueden tener un matiz político, religioso, racial o social. Este control social atenta directamente contra la igualdad entre ciudadanos y sobretodo con la capacidad de discernir, de ser diferentes. ¿Cómo se solucionan las diferencias cuando no se pueden discutir o conversar? ¿Cómo se logra un acuerdo entre personas que no están armadas y otras que si lo están? De alguna manera, si existen grupos criminales que adicionalmente discriminan o actúan de acuerdo a posiciones políticas, ideológicas, religiosas o raciales, el control social genera más desigualdad porque los criterios de discriminación segmentan a la sociedad y se pierde por completo la capacidad de dialogo o de participación ciudadana para lograr una convivencia pacífica. Igualmente, atentan contra la participación política de las y los ciudadanos, fundamental para cualquier sociedad que se quiera llamar democrática. Incluso, cuando una comunidad o sociedad llega al punto de ignorar las amenazas o control social, si el grupo armado que ejerce el control no propone una alternativa, lleva a represalias violentas que pueden traer pérdidas humanas y afincar todavía más las diferencias entre el grupo armado y la comunidad o sociedad sobre las que ejercen control.

A diferencia del crimen organizado, los grupos armados con motivaciones ideológicas, políticas, religiosas, entre otros, pueden buscar querer reemplazar a las formas convencionales de autoridad (el Estado) para imponer su visión a toda la sociedad. Es así como se siembran las semillas de una guerra civil. Independientemente si los grupos armados apoyan o no al gobierno que este ejerciendo el poder, debe ser política de Estado no permitir que cualquier grupo se arme, pero con especial énfasis en grupos con motivaciones religiosas, ideológicas o políticas ya que suponen una fractura en las bases democráticas de la sociedad.

Es normal que existan diferencias, pero son factores como la posesión de armas los que generan jerarquías entre las y los ciudadanos y desigualdades. Debe ser un foco de cualquier gobierno mantener el principio de igualdad, como pilar fundamental de la democracia. En caso de que no se pueda controlar, se termina con una sociedad donde unos –con armas- son más iguales que otros –sin armas-.

Es un deber no sólo constitucional sino moral que cualquier gobierno se enfoque en desarmar grupos armados con motivaciones políticas. Y el primer paso para ello debe ser que se haga de una manera imparcial, es decir, que se logre el desarme. El Estado debe reafirmar la condición de igualdad de todas y todos ante la ley, donde no existen ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos con más poder sólo por estar armados.

Artículo de Opinión de Santiago Rosas en Correo del Orinoco

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *