La policía que queremos


Compártelo

p-tematica-vargas-red-de-apoyoA pesar de los avances que han venido concretándose en materia policial en los últimos años, como el proceso de reforma policial en 2006; la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la creación del Sistema Integrado de Policía, del Consejo General de Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y la promulgación de la Ley del Estatuto de la Función Policial, en 2009 podemos observar actualmente que los abusos policiales siguen siendo una práctica recurrente en casi todos los cuerpos policiales del país, lo cual aparece claramente reflejado en las numerosas denuncias reseñadas en los informes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo así como en los casos atendidos por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que entre los años 2010 y 2015 atendió integralmente un total de 300 casos de abusos policiales y militares (122 de torturas, tratos crueles y heridos por armas de fuego, 84 de detenciones arbitrarias, 73 de ejecuciones sumarias, 4 de desaparición forzada; 14 de amenazas y hostigamiento y 3 de allanamientos ilegales).

Cifras como estas, nos causan estupor e indignación. Además de las estadísticas que dan cuentan del grave problema de inseguridad donde cientos de personas (la mayoría jóvenes en edad productiva) pierden la vida en hechos violentos. Frente a la necesidad de controlar el delito y disminuir los casos de homicidios y otros hechos violentos, el Estado ha implementado diversos planes de seguridad. Pero en el marco de estos planes los cuerpos de policía lamentablemente siguen cometiendo excesos que agravan la situación de violaciones de derechos humanos.

Además, en el marco de la exigencia de acciones estadales que minimicen la ocurrencia de actos delictivos y la amenaza hacia la seguridad personal, la sociedad civil tolera y avala la aplicación de “políticas de mano dura”, planes de seguridad ejecutados por cuerpos de seguridad que implican el despliegue de agentes, de equipamiento y de tácticas de saturación policial y en ocasiones militar, principalmente en zonas populares urbanas. Para el ejercicio de estas acciones se flexibilizan aún más los procedimientos de allanamiento y detención de ciudadanas y ciudadanos y se ejecutan prácticas de tortura o malos tratos.

 

¿Y entonces, cómo debe actuar nuestra policía?

Las normas de actuación de las funcionarias y los funcionarios policiales, exigencia histórica de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, se formalizan en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. El artículo 65, da cuenta de las normas básicas, entre las cuales se citan dos de especial relevancia:

 

  • “Respetar y proteger la dignidad humana, y defender y promover los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación por motivos de origen étnico, sexo, religión, nacionalidad, idioma, opinión política, posición económica o de cualquier otra índole (numeral 1).”
  • “Ejercer el servicio de policía con ética, imparcialidad, legalidad, transparencia, proporcionalidad y humanidad (numeral 3).”

 

Sobre el uso de la fuerza, esta misma ley establece los principios generales, los medios, los criterios para graduar su uso y las armas y equipos necesarios. Destacamos el Artículo 68:

 

“El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloría social en esta materia. El traspaso en el uso de la fuerza mortal sólo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

Algunas ideas para tener la policía que queremos

No es suficiente tener leyes, que establezcan claramente los lineamientos que deben guiar la actuación de nuestras y nuestros policías. También resulta fundamental:

  1. Que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar en la elaboración y seguimiento de planes y programas referidos a la seguridad ciudadana en los respectivos ámbitos políticos territoriales, sobre la base de los valores de la democracia participativa.
  2. Romper con la cultura de la “naturalización” del abuso policial, aceptando y tolerando prácticas que atentan contra la vida y la integridad de las personas.
  3. Todas y todos somos iguales en esencia y tenemos los mismos derechos humanos. Es fundamental que desde nuestros espacios combatamos los prejuicios y estereotipos que nos hacen discriminar a las personas o grupos, sobretodo aquellos que se desprenden de la condición de pobreza y su consecuente asociación con el “ser criminal”.
  4. Ejercer el mecanismo de la denuncia. La denuncia es el ejercicio de la legítima defensa cuando, por acciones u omisiones, el Estado incumple sus obligaciones de garantizar nuestros derechos y es el primer recurso de lucha contra la impunidad para así evitar que los abusos policiales sigan sucediendo.
  5. Es nuestro deber ciudadano y nuestro derecho también, monitorear en qué medida las policías van cumpliendo con sus obligaciones y ejerciendo la función policial apegada a las leyes. Por ello, es fundamental que participemos activamente haciendo contraloría social.

Cada una de nosotras y nosotros, en ejercicio ciudadano, podemos contribuir a transformar la realidad y lograr que la policía venezolana sea eficaz, eficiente y cercana a la comunidad, brindando efectivamente la asistencia que requieren las personas. La policía debe responder al principio de universalidad, lo que significa brindar atención a la totalidad de las comunidades que demandan asistencia policial.

Diana González Mendoza en  Correo del Orinoco 

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