Keymer Ávila: se habló mucho de las máscaras, pero poco de los nueve muertos que hubo en El Valle


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A continuación difundimos la entrevista radiofónica de fecha 15/03/2017, efectuada al Profesor Keymer Ávila, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela con Maestría en Criminología y Sociología Jurídico Penal, Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV.

 

Javier Barrios: El problema de la seguridad en Venezuela sigue siendo un poco complejo, con una percepción de crecimiento de los problemas de criminalidad en el país, asaltos, atracos, secuestros; y para esto se ha optado a este plan llamado OLP, ahora se le ha colocado la “H” para decir que son operaciones de liberación ya con un carácter más humanista, pero siguen siendo cuestionadas debido a que se denuncian el uso excesivo de la fuerza, ¿cómo se está revisando este nuevo relanzamiento de las OLP?

K.A.: Yo no veo ninguna novedad, yo creo que en tal caso lo escandaloso debe ser la continuidad de este tipo de políticas. Mencionaste que la percepción de la inseguridad viene en aumento y esto no es sólo un problema de percepción, hay una base real que nos indica que nuestra inseguridad ciudadana viene empeorando de año en año. Cuando se habla de inseguridad ciudadana, tenemos tener en cuenta que existen dos niveles; está el nivel objetivo que es lo que sucede en la realidad, el dato más cercano a ese fenómeno deberían ser las cifras oficiales y encuestas de victimización; en segundo lugar, está el nivel subjetivo que son las percepciones; ambos niveles no necesariamente actúan en correspondencia; en algunos países que tienen bajas tasas de homicidio -que es el indicador por excelencia de la dimensión objetiva de la inseguridad- la percepción de la inseguridad es muy alta. En Venezuela no ocurre eso, aquí la percepción de inseguridad ciudadana tiene una base real que son unos índices de homicidios muy altos, el índice general nos dio una tasa de 58 para el 2015, la segunda más alta del mundo; ¿y esto que nos dice?  Nos dice que la percepción de inseguridad para Venezuela tiene una base real, lamentablemente no han dado las cifras para este año.

En cuanto a esta supuesta nueva fase, que tiene una “H”, aquí no hay ninguna novedad. Con esta incorporación de la “H”- que en castellano es muda- hay quienes dicen que esa “H” es de horror, homicidio, holocausto.

Los nombres son lo de menos, operativos de este tipo han venido realizando durante los últimos 50 años: en 1965, por ejemplo, se realizó el llamado Operativo Oriente, en 1970 la Operación Vanguardia, en 1981 el 14 de febrero que debería ser un día para el amor, paradójicamente, se lanzó el Plan Unión, que luego continuó con distintos nombres; recordemos en el 86 los Pozos de la Muerte, en el 88 la Masacre del Amparo y al año siguiente el Caracazo; llegamos al día de hoy con la misma racionalidad. Traigo a colación estos ejemplos  porque de allí venimos, estas son nuestras instituciones, el problema es que no se le ha dado freno a una actuación desproporcionada e ilimitada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Se ha discutido mucho el tema de las máscaras, por ejemplo, a mí lo que me preocupa de ese debate es que se habló mucho de las máscaras, pero poco de los nueve muertos que hubo en El Valle ¿qué es lo más importante? ¿Que esté muriendo gente o que los maten con o sin máscaras? Lo importante debería ser la vida humana. En relación con el debate sobre las máscaras, quiero aprovechar para señalar que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía, que es una ley extraordinaria, que fue hecha con el concurso de muchísimos expertos, la cual contó con la consulta de distintos sectores, es una ley que hay que proteger tanto del ejercicio arbitrario del poder por parte del Ejecutivo, como de las locuras de la oposición que está en la Asamblea Nacional que pretendía reformar esta ley. En el referido artículo, habla claramente de la obligación que tienen los cuerpos de seguridad de estar identificados en el ejercicio de sus funciones y eso se desarrolla en una Resolución Ministerial, llamada Normas Relativas a la Dotación y Equipamiento Básico y Especializado de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Políticos Territoriales, en el artículo 7 de dicha resolución, detalla cómo debe ser el uniforme y, lo que destaca de ambas normas, es que los funcionarios deben estar plenamente identificados. Las máscaras no son para proteger la identidad del funcionario, es para procurarle una mayor impunidad y para que ellos actúen sin ningún tipo de responsabilidad por sus acciones; todo funcionario público debe estar plenamente identificado porque es responsable de las actuaciones que realiza.

JB: El más reciente estudio de HINTERLACES, en lo que ellos denominan Estudio Monitor País, revela que el 44% de los venezolanos considera poco efectivo los Operativos de Liberación del Pueblo para combatir la inseguridad y los secuestros; mientras que el 33% asegura que son muy efectivos y 19%  que son nada efectivos, un 4% no contestó. Por otro lado, la prensa registra que hubo protestas en El Valle por la muerte de un estudiante del Liceo Luis Cárdenas Saavedra –“familiares, vecinos y estudiantes del liceo protestaron por la muerte de un estudiante durante un operativo de OLP efectuada el viernes pasado; durante el procedimiento puesto en práctica por diferentes cuerpos policiales, en el cual hubo nueve fallecidos y casi cincuenta detenidos, denuncia la hermana de la víctima, Yoberly Arias,  quien asegura que el joven de 18 años de edad Jhonny Arias , se preparaba para ir al liceo cuando unos policías entraron a su casa a las 6 de la mañana y el estudiante fue golpeado en la cabeza, luego le dispararon en la garganta y a su otro hermano, Josbel Arias, le dieron dos tiros en el corazón; ante esto hay protestas en el liceo porque testigos y la comunidad aseguran que estos muchachos no estaban involucrados en hechos delictivos. No obstante, aunque estuviesen involucrados, existe un debido proceso.

K.A.: La situación es muy preocupante, reitero lo señalado anteriormente, la gente se concentró en discutir sólo las máscaras, pero lo más importante es la cantidad de muertos. Para el año 2015 aproximadamente hubo más de dos mil personas fallecidas en el contexto intervenciones de los cuerpos de seguridad del Estado; esto representó un incremento del 80% con respecto al año anterior; en el año 2016, esto se ha incrementado considerablemente, posiblemente en un cien por ciento. Lamentablemente no han dado cifras oficiales ¿de dónde saco esta afirmación, entonces? Andrés Antillano que es un investigador muy respetado en el país en una entrevista para Supuesto Negado, a finales del pasado año, lanzó una cifra de cinco mil personas fallecidas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, esta es una cifra que se acerca mucho a las estimaciones que hace el Observatorio Venezolano de Violencia; sería importante conocer el dato oficial, pero esta cifra es aterrorizante. Además, tenemos que develar esa falsa creencia que se tiene según la cual este tipo de operativo sirve para algo, o la justificación de estas muertes. Este tipo de operativo lo que hace es incrementar la violencia delictiva e incrementa los delitos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, incrementando la inseguridad de todos. Para el año 2015, que son las cifras a las que hemos podido tener acceso, aumentaron los secuestros, aumentaron las extorsiones, aumentaron los robos, aumentaron los hurtos y aumentaron los homicidios. Desde el punto de vista incluso pragmático, como sociedad,  ese tipo de operativos y esas muertes no mejoran la situación, por el contrario, nos hace más vulnerables a todos.

JB: La gente consultada en muchos lugares piden “mano dura”, más policías, más militares; se escuchan frases como: “que le den duro a los delincuentes, que los maten”; eso no se puede interpretar como una demanda por parte de las comunidades de mayor acción policial.

K.A.: Hace dos años, la firma HINTERLACES afirmaba que el 80% estaba de acuerdo; incluso llegaron a decir que el gobierno iba a ganar las elecciones gracias a la OLP, entonces, esas supuesta popularidad de este tipo de acciones hay que verlas con cuidado. Es interesante ver que según esa misma fuente, esa popularidad ha disminuido más de un 50%. Sin embargo, esto no se trata de un tema de popularidad; cuando se trata de derechos, poco importa que la gente esté o no de acuerdo; es un núcleo mínimo que tiene que respetarse. Aquí no se trata de complacer a la gente, si la gente quiere que piquen a las personas en la plaza, eso no se va a hacer, porque no vamos a volver a la Edad Media. Aquí hay instituciones y las instituciones se rigen por el derecho, el cual debe exigirse; más allá que posiblemente las instituciones en este momento no estén dando respuesta, nosotros no podemos dejar de exigirlas. Hay que denunciar ¿dónde hay que denunciar? en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Hay que ir a la Defensoría del Pueblo, a pesar de las declaraciones de sus representantes. Por cierto, los derechos o se violan o se cumplen, la ley se cumple o no se cumple, eso no tiene gradación. O se está fuera o dentro de la ley, nada está “medio dentro de la ley” o “relativamente acorde con la ley”.

Por otro lado, es pertinente atinar el tema de la lógica bélica, los contextos de seguridad ciudadana no son de guerra, en la guerra se mata al enemigo, en la seguridad ciudadana lo que pudiese cometer la gente son delitos; y al delincuente hay que procesarlo en concordancia con las leyes. Los personajes que intervinieron en El Valle, son organizaciones de carácter militar; ellos no tienen competencia en materia de seguridad ciudadana, eso tiene que aclararse. ¿Qué hacía la Dirección de Contrainteligencia Militar practicando labores de seguridad ciudadana?; esto tiene que ver incluso hasta con el armamento que usan, porque no es la misma munición que se usa para el control ciudadano que el que se usa para la guerra.

Es preciso tener en cuenta que, lamentablemente, no hay muchos datos, pero la poca información disponible, deben ser analizada y tenerse en cuenta. PROVEA, que es la única organización que viene contando este tipo de fenómenos por más de 25 años, afirmó en su informe del año pasado, que en el contexto de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, al menos un 86% se trata de ejecuciones extrajudiciales.

En relación a las denuncias que se están haciendo en el caso de El Valle al menos dos casos están siendo denunciados directamente por sus familiares como ejecuciones, en donde es claro que no hay ningún tipo de enfrentamiento, coincidiendo esto con investigaciones que hemos realizado sobre la vulnerabilidad que tienen los funcionarios, porque ellos también son víctimas de homicidio; pero en el contexto de enfrentamientos apenas se trata de un 7% de los casos, es decir, los enfrentamientos constituirían más bien la excepción en este tipo de supuestos.

LLAMADA. Víctor Sandoval. Edo. Lara: “hay mucho que aportar y opinar al respecto, porque la crisis de inseguridad es bastante grave en el país” …”ni la ley de vagos y maleantes, ni el Código Orgánico Procesal Pena, o sea ni tan calvo ni con dos pelucas… hay mucha indulgencia, hay mucho perdón; un delincuente que asesina o secuestra, no sé si es que compra jueces o de qué se valen, a los dos años están libres; entonces la gente dice, aquí no hay una justicia verdadera” ¿por qué tanto perdón y tanta indulgencia? Que si beneficios procesales; eso no debe ser. Incluso, aquí hay mucho homicidio de policía, creo que es el mayor del mundo, más que en cualquier otro lugar del mundo, eso hay que considerarlo también. Aquí en Barquisimeto hay barriadas, por ejemplo en La Sábila es un pranato lo que domina ahí. Así como Iris Varela ha domesticado las cárceles, por ejemplo en la Sábila se deben mudar todos los que viven ahí, sacarlos uno por uno y desmantelar ese pranato; hay que buscarle soluciones pacíficas y bien consideradas a esta situación…muchas gracias y buenos días”

K.A.: El ciudadano que acaba de intervenir toca varias aristas que son medulares, coincido con él cuando dice que “ni tan calvo ni con dos pelucas”. Lo he expresado anteriormente de la siguiente manera: el sistema penal en Venezuela tiene una acción pendular, es un gran péndulo que se mueve entre los excesos y las ausencias, o no hace nada o peca en excesos y arbitrariedades, lo que necesitamos como país es que se pare en el punto medio, ¿Cuál es el punto medio?, una intervención permanente, proporcional, acorde a las leyes; es decir, institucionalizadas. No solo son las leyes, son las instituciones, las leyes por sí solas no producen ningún efecto. Hay que ver cómo es el desempeño institucional, cómo es el desempeño de los funcionarios encargados de aplicar la ley, velar por la ley, eso también hay que revisarlo.

En el tema de las cárceles, allí no existe un control real del Estado, eso tiene que existir. Con respecto a la entidad de los castigos Beccaría lo decía hace cientos de años: “no es la crueldad ni la extensión de las penas sino la certeza de las mismas”. Cuando uno hace este tipo de denuncias no significa que el Estado no deba hacer nada o que el Estado no castigue, tiene que hacerlo en el marco de la legalidad. Aquí se tiene que prevenir, se tiene que contener, controlar pero también se tiene que reprimir, esas son las tres partes de una seguridad ciudadana eficiente, efectiva.

En relación a los asesinatos de los policías, que hizo referencia el señor, más del 70% de los policías víctimas no se encontraban en el ejercicio de sus funciones, de allí una de las problematizaciones que hacemos al respecto: posiblemente la violencia aplicada por los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado se les está revirtiendo en una guerra de carácter irregular. Ellos van y ejecutan civiles, ya sea en sus casas o cerca de sus viviendas y esa violencia se les revierte en forma de emboscadas en contra de ellos. No es necesariamente que los policías que han sido asesinados han estado incursos en enfrentamientos o en hechos irregulares, simplemente esa violencia que ellos aplican se les revierte corporativamente.

Finalmente, no se puede perder de vista el contexto país, aquí no se trata de dar recetas, hay que ver el problema institucional en el que nos encontramos inmersos. Aquí todo el mundo está en campaña, el gobierno está en campaña, la oposición está en campaña y entonces ¿quién se preocupa por el Estado?

LLAMADA: Luis Andrade. Maracaibo. “la duda mía es la siguiente, a los presos, esos que meten en la cárceles, personas que se meten en las casas, matan a la madre, al padre, a los niños, secuestran, violan, matan a los policías….si supieran la labor que prestan los policías, no le hicieran lo que le hacen a los policías…entonces, los derechos humanos se aplican para los presos, para esos criminales… a ellos no se pueden tocar, tienen medicinas, visita médica, tienen buena alimentación…ajá yo digo ¿y los muertos, los que quedaron muertos por ellos? Al invitado quiero que me desglose lo que le he planteado, que me hable de los derechos humanos, buenos días”

K.A.: Los policías sin duda alguna también son víctimas, y son víctimas de su propia violencia, explicamos anteriormente cómo la violencia institucional de alguna manera se les revierte, pero adicionalmente a eso, también los propios policías victimizan a sus colegas; podemos ver a diario en las noticias cómo policías, guardias y funcionarios de los cuerpos de seguridad en sus distintos niveles, terminan victimizando y asesinando a sus propios compañeros. En la investigación que hicimos al menos un 30% del perfil de los victimarios que pudimos identificar, eran otros funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, esto tiene que ver con la necesidad de controles institucionales y, por supuesto que existen redes delictivas, por supuesto, que existen bandas organizadas; la pregunta que habría que hacer es ¿de dónde sacan las armas de guerra? ¿De dónde sacan las granadas?. Hace menos de catorce días metieron presos a un teniente coronel, a unos sargentos, creo que fue en Guárico; éste funcionario le estaba vendiendo 84 granadas al hampa. Así como el pranato no viene del aire, ni llega en una nave espacial o de otro planeta, hay conexiones con organismos de seguridad, con cuerpos policiales y militares que son los que les nutren de armas y de municiones, eso hay que revisarlo, no solamente hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro, eso no se ve; ¿qué OLP le está cayendo a los funcionaros que alimentan a estos grupos delictivos?

Finalmente, el tema de los derechos, los derechos son para todos, para todos los ciudadanos, tanto para las personas que son víctimas de la delincuencia como para los que comenten delitos, a éstos hay que aplicarles la ley y castigarlos. ¿Castigarlos cómo?, como lo dice la ley, hay que aplicar la ley pero para eso tienen que funcionar las instituciones, lo que no podemos hacer es delegar el ejercicio del castigo de manera arbitraria y discrecional a sectores del Estado o a sectores sociales; entiéndase ejecuciones extrajudiciales o linchamientos. Porque cuando damos esas potestades a cualquiera, entramos en peligro todos, porque no tenemos ningún tipo de garantías, que no nos vayan a matar, ya sea linchados o ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado. En consecuencia, nuestra inseguridad incrementaría y nuestros derechos mermarían.

JB: No hará falta un proceso de integración nacional donde podamos aprovechar lo mejor de nuestras universidades, lo mejor de los talentos, investigadores; porque el problema de la seguridad no es un problema de opositores o chavistas, es un problema de todos los venezolanos. La respuesta se requiere en todos los sentidos, aprovechar el potencial del país para resolver este tema, una especie de gran acuerdo nacional sobre el tema de la seguridad.

K.A.: Aquí tienen que construirse acuerdos y consensos mínimos, creo que el tema de la seguridad podría ser uno de ellos, tenemos que crear una visión como país, mínima. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si tenemos que tener unos acuerdos necesarios, por ejemplo, la policía no puede actuar de manera arbitraria y sin límite alguno, que el funcionario que viole la ley tiene que hacerse responsable, todos los funcionarios son responsables de sus acciones, adecentar las instituciones, velar por el cumplimiento de las leyes, las leyes están allí. Tiene que haber un acuerdo nacional que supere el tema de la polarización, que supere las coyunturas electorales; el problema allí es la voluntad política de las élites que están en el poder, de un lado y del otro.

JB: A propósito de la reunión que sostuvieran todos los cuerpos de seguridad con el Ministro Reverol, informan hoy que van a tomar medidas en torno a los temas de secuestro y al robo de vehículos, que según las estadísticas son bastante altos, qué mensaje le enviarías tanto al Ministro como a los cuerpos de seguridad.

K.A.: Es fundamental que las propias instituciones del sistema penal rindan cuentas, sin información de calidad, están a ciegas. Toda política pública debe tener indicadores, debe tener los objetivos claros; ¿cuáles son las estadísticas de los secuestros? El plan que van a implementar, busca disminuirlos ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Cuáles son las zonas priorizadas? Esto es algo básico para poder evaluar posteriormente la política aplicada.

Sólo con alcabalas no se va a solucionar el problema.

¿Ya tienen mapeados los secuestros?, ¿cuáles son las acciones concretas?

En muchos Estados hay connivencia de los cuerpos de seguridad  con los grupos delictivos, en ocasiones en las alcabalas les cantan las zonas a los secuestradores.

Tiene que informar cuáles con los índices de secuestros ahorita y cuál será la rendición de cuenta posterior. Cuáles son los Estados con mayores índices. Sin información es muy difícil evaluar la política.

En las políticas públicas no hay recetas mágicas, lo que se pide es que las instituciones cumplan su rol, lo que se pide es una acción preventiva; en las distintas áreas se puede prevenir, eso se hace con una intervención institucional, oportuna y permanente, y la seguridad no escapa de eso.

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Transcripción y redacción: Milagros Santander.

 

 

 

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