Keymer Ávila: “Acá todos están ocupados en mantenerse en el poder o en arrebatarlo”


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El respeto por la ley desde el poder, la complicidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado con grupos de saqueadores y la posibilidad de una guerra civil, son temas que se tratan en esta entrevista con el criminólogo Keymer Ávila

Bajo la égida de un Gobierno que asume, como forma expresiva y comunicacional, contenidos lingüísticos derivados de la cultura militar y belicista –herencia tal vez de la militancia izquierdista guerrillera de los 60, en el caso de los representantes civiles, y obvia influencia del mando militar que ocupa importantes cargos en la administración pública- se han ido conformando en el espacio público agrupaciones de militantes cuyo rol es el de la defensa de la revolución –recordemos que ya durante la gestión de Aristóbulo Iztúriz como Alcalde del Municipio Libertador, en el icónico período que va de 1992 a 1996, se habían conformado organizaciones como las “Asambleas de Barrio” que juraron evitar la repetición de actos represivos del poder de la derecha, como los sucedidos durante El Caracazo de 1989-.

La conformación de estas agrupaciones generó, desde su inicio, preocupaciones, advertencias y denuncias por parte de sectores de la oposición, que apuntaban sobre todo a acciones arbitrarias y violentas ejecutadas por estos grupos contra las manifestaciones contrarias a la Revolución Bolivariana – emblemáticas fueron aquellas atribuidas a los denominados Círculos Bolivarianos, en especial durante la conducción de la fallecida militante Lina Ron. Con la desaparición (o mutación) de los Círculos Bolivarianos, las denuncias se han dirigido contra los denominados “Colectivos”, y condenaban la “vista gorda” que se hacían las autoridades del Estado frente al accionar de estos grupos. La reacción del Gobierno ha sido siempre la de negar estas acciones o achacarlas a infiltraciones o actos terroristas planificados por la dirigencia opositora, en connivencia con fuerzas políticas y paramilitares externas.

Sin embargo, el 02 de mayo, durante el trancazo convocado por la oposición, nuestro propio equipo reporteril pudo constatar la acción de estos “grupos civiles” en la urbanización La Urbina, no solo bajo la mirada pasiva de la GNB, sino con su amparo y apoyo. Nuestro fotógrafo captó imágenes elocuentes y existe además un video que se hizo circular por redes, donde se aprecia el hecho. La preocupación aumenta frente a esto, por la complejidad que representa como riesgo social y hace surgir interrogantes como la de lo que esto representa para el orden legal establecido y cómo atenta contra el sentido de ciudadanía, el de comunidad y contra cualquier llamado oficial a la paz.

Conversamos con el abogado y máster en criminología y sociología jurídico penal de la Universidad Central de Venezuela, Keymer Ávila sobre el tema, iniciando con las inquietudes precedentes y para él “no cabe duda de que estamos presenciando ilegalidades de todo tipo en distintos niveles, que van desde espacios que tienen roles principales como las instituciones del Estado, hasta la ciudadanía en su cotidianidad”.

Al plantearle cómo preocupa lo que podría considerarse el nivel más próximo a nuestra vulnerabilidad física, el hecho cotidiano, y de qué estrategias o instrumentos podríamos valernos para garantizar nuestro resguardo, Ávila es explícito.

“Ese es el nivel micro social, y allí tenemos dos opciones: o nos hacemos solidarios o más egoístas y agresivos. Lamentablemente no tengo mediciones ni ningún trabajo serio al respecto, sería interesante acudir a los psicólogos clínicos sociales para ello. Manuel Llorens comentó en noviembre en la Conferencia de Clacso, capítulo Venezuela , un trabajo en el que se afirmaba que en Venezuela parece que estamos perdiendo la empatía entre nosotros. Si eso es así, estamos muy mal, porque cuando no tienes empatía no te interesa el otro, y cuando no te interesa el otro, puedes hacer tu voluntad sin ningún tipo de límites. Sería el estado de naturaleza hobbesiano”.

El respeto por la ley desde el poder, una ausencia determinante

Sabemos que ese nivel micro social no se articula de forma espontánea, porque responde a elementos que se generan en aquellos niveles de representación y acción que concentran el poder decisorio; sobre esto Ávila explica que “en el nivel más alto, el institucional, tenemos algunos ejemplos: las cuestionadas sentencias del TSJ , la forma de escogencia de sus magistrados , la falta de reconocimiento y de respeto entre los poderes públicos , y ahora el reciente llamado a cambiar nuestro mismísimo orden constitucional sin hacer una consulta previa al pueblo, subrogándose un poder del Estado la soberanía popular. Estas son expresiones de cómo desde el poder no hay respeto alguno por la ley”.

Sin embargo, esa manifestación de irrespeto ha sido adjudicada por el Gobierno también a la oposición, en lo que pareciera un juego de toma y dame. “Pues sí, no es un monopolio del gobierno, la oposición responde de la misma manera al decir que el Presidente no existe y abandonó el cargo, llamando a elecciones generales que no están en la Constitución, en vez de concentrarse en la exigencia de las elecciones regionales que sí lo están. Esto refleja falta de direccionamiento y contención de algunos de sus seguidores en acciones de calle, seguido de un largo etcétera”.

Algo que se apresura a indicar Keymer, como para no dejar el mapa incompleto o para trazar con propiedad el camino, es que todo esto se engrana con lo que denomina “nivel intermedio”, ese donde “puede observarse la desidia institucional generalizada cuando necesitas la prestación de algún servicio público, en sus tres niveles político-territoriales, nacional, estadal y municipal. Pero también lo vez en la calidad del servicio en el ámbito privado, en los bancos, restaurantes, tiendas, etc… Desidia y ausencia de controles que pueden llegar a ser ilegalidades como denegación de servicio, corrupción, discriminación, especulación, extorsiones, seguido también de un largo etcétera”.

“Cuando mezclas entonces esta falta de límites normativos y de conducta, esta ausencia o excesos en la contención y en el control, en estos tres niveles, el resultado es terrible. Esto no es una mera lectura funcionalista, en términos ideológicos, es más bien socioconstruccionista o si se quiere lo puedes plantear desde la lógica del conflicto: cómo construir o imponer unas reglas mínimas, donde cada cual según sus intereses no destruya al otro, respetando la pluralidad y heterogeneidad de cada quien. Ese es el reto que tenemos actualmente. Y en ese reto el rol de las instituciones y de quienes detentan el poder es fundamental, pero nunca se debe olvidar que esos actores tienen poder por delegación de cada uno de nosotros”.

Los roles a cumplir o la dificultad de recoger el agua derrama

Lo cierto es que se produce una contradicción y se degenera la naturaleza de las fuerzas del orden, y puede significar un quiebre en el estado de derecho, la situación vista el 2 de mayo en La Urbina. Ávila recuerda que “Charles Cooley a comienzos del siglo XX hablaba de los roles maestros. Según esta idea, en la sociedad hay ciertos roles que condicionan a todos los demás. El cura de la Iglesia o el maestro de la escuela, por ejemplo, deben ser referentes, no pueden hacer lo que quieran, al menos no públicamente. En cambio hay otros que pudieran tener un poco más de libertad. Algo parecido ocurre con los roles asociados al Sistema de Justicia, es decir, los jueces, fiscales y policías, tienen un rol y deben ejercerlo. Como la mujer del César”.

Es cierto, los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado deben ser la imagen de ley y de la institucionalidad, pero sabemos que en Venezuela esto está lejos de ser así, ¿qué hacer para adjudicar con eficacia este rol a las fuerzas de seguridad? Ávila hace una precisión: “sí, esto es en el deber ser, ya Foucault nos ha explicado que una cosa es la ley y otra el poder real que ésta encubre. Pero además quiero puntualizar que las policías en Latinoamérica se caracterizan por ser altamente cuestionadas, acá no nos podemos poner con patriotismos negativos a decir que es algo autóctono de Venezuela. Países como Colombia, México, Guatemala, Brasil, Jamaica, Filipinas y hasta EEUU tienen sus propias historias de terror con sus fuerzas de seguridad. Y para evitar esto la clave es no darles poder ilimitado, porque cuando eso ocurre, recoger luego esa agua derramada es muy difícil. Comenzamos con aceptar que se violen derechos procesales, tolerando detenciones arbitrarias, juicios fraudulentos, hasta llegar así a la celebración de ejecuciones extrajudiciales. Todos esos son delitos. Luego, que cometan robos, secuestros y extorsiones no debería sorprendernos”.

El orden debe comenzar por casa

El 31 de marzo –recordamos- Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República, informó sobre el alto número de personas fallecidas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado , el propio Keymer Ávila escribió sobre el tema y ahora advierte que “esta noticia en medio de todo el espectáculo político en el que nos tienen inmersos pasó totalmente desapercibida. Si estas muertes no nos escandalizan, si no se investigan, y si en caso de haber sido ejecuciones no se sanciona a los responsables, que los funcionarios cometan robos y asaltos parece ser algo de menor gravedad. Sin embargo, todo, obviamente es muy delicado”.

Agrega de inmediato que “el Ministerio Público investigó en 2015 a unos 227 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado , solo por extorsión y secuestro, y en un seguimiento que hicimos durante 2016 contamos a más de 700, incluyendo distintos operadores del Sistema de Justicia, implicados en distintos delitos que van desde el homicidio, pasando por robo, extorsiones, estafas y hasta violencia sexual”.

Al afinar el foco sobre el tema que nos ocupa indica que “sí, hay múltiples denuncias públicas recientes de grupos delictivos que se asocian con funcionarios de los cuerpos de seguridad, como puede apreciarse en el caso de La Urbina. Esto debe investigarse, ¿quiénes eran esos funcionarios? ¿Quién es el responsable de ese cuerpo de seguridad en esa zona? El orden debe empezar por casa, allí está una evidencia concreta”.

El cajón de sastre

¿Una evidencia concreta de la acción de “colectivos violentos” en la represión a manifestantes antigobierno? Hacia ese punto señalan las denuncias, así como antes se hablaba de Círculos Bolivarianos armados, hoy se indica que son “colectivos violentos”, le indico a Keymer Ávila, quien de nuevo considera importante precisar que “algo que está muy posicionado en la retórica periodística es el término “colectivo”, que es realmente un cajón de sastre. Un colectivo es un grupo de personas que pueden tener actividades y objetivos muy diversos, creo que ese término hay que emplearlo con cuidado porque a través de él se criminalizan a sectores y organizaciones que pueden tener trabajos realmente encomiables. Lo que sí es digno de atención es lo que sucede con funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que nadie sabe cómo están regulados, incluso pueden haber supuestos de funcionarios que actúan de civil para hacer el trabajo sucio. Todo eso opera cuando no se establecen límites claros, es la lógica del todo vale”.

¿Entonces “colectivo”, en el contexto actual, en el que se le quiere dar el significado de “civiles armados” puede ser cualquier cosa?, pregunto. “Sí, en ese contexto pueden ser desde funcionarios de civil, hampa común, grupos parapoliciales o paramilitares, o una mezcla de todo lo anterior, que pueden hacer mucho daño para luego achacárselo al adversario político, una especie de mercenarios que trabajan para el mejor postor. Pero estos grupos pueden tener también agenda propia. Todo esto en el fondo sin evidencias, ni trabajos serios de investigación, solo quedan en hipótesis y especulaciones, difíciles de generalizar habría que estudiar casos concretos”.

A las puertas de una guerra civil

¿Y no hay, en la propia dinámica de las manifestaciones pacíficas, los elementos para determinar con exactitud de dónde viene la violencia?, me atrevo a inquirir. Ávila lo piensa un poco y responde: “pues hay que destacar que si bien muchas de las concentraciones recientes han sido pacíficas, con una asistencia masiva de parte de ambos sectores políticos, han existido excepciones en las que este tipo de manifestaciones se han tornado violentas, y en ocasiones se han cometido delitos concretos, incluso han atacado con armas de fuego a cuerpos de seguridad del Estado. Lo importante es no confundir un evento con otro. La manifestación pacífica es un derecho y cuando deja de ser pacífica pierde ese estatus legítimo. Lo cierto es que ya la cifra de fallecidos por la conflictividad del último mes ha superado las 30 personas, y esto tiene que parar”.

Pues si no para estaríamos a las puertas de una guerra entre civiles, ciudadanos contra ciudadanos, quizás la peor de las violencias y de los escenarios, le comento, y él precisa: “mira, tenemos violencias de muchos tipos: estructural, institucional, social, delictiva, intraclase, y posiblemente si esto no se frena podríamos comenzar a tener violencia de tipo político, debemos evitar caer en esa espiral, de la cual, lamentablemente, parece que estamos muy cerca. Hay que desactivar esa bomba. Y una hipótesis general pudiéramos encontrarla en el refrán popular: cuando el gato no está los ratones hacen fiesta. Cuando las cabezas del Estado no están para ejercer sus funciones, ni realizar el ejercicio de gobierno, policías, militares y hampa hacen fiesta. Una cosa es el ejercicio de gobierno y otra el mantenimiento del poder, acá todos están ocupados en mantenerse en el poder o en arrebatarlo, mientras tanto nadie ejerce el gobierno, ni se preocupa por el Estado, ni las necesidades concretas y cotidianas de la gente”.

Entrevista a Keymer Ávila por Nelson González Leal /  Contrapunto 

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