José Magallanes emprende caminata para solicitar justicia internacional


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Caracas, 27 de enero de 2017. – José Javier Díaz Magallanes emprendió “Gran Caminata” el día de hoy desde la cárcel Nacional de Ciudad Bolívar para solicitar justicia ante instancias internacionales debido a que se cumplen 25 años desde que recibió un disparo de escopeta en el oído derecho por parte de un funcionario de la dirección de prisiones adscrito al ministerio de justicia, específicamente de la dirección de prisiones. El custodio accionó el arma a escasos tres metros de distancia de la víctima sin ningún motivo ni razón.

El señor José Javier Díaz denunció que lo sucedido en la cárcel Nacional de Ciudad Bolívar, atentó contra su vida ocasionándole serios trastornos de salud tales como pérdida total e irreparable de la audición en el oído impactado, desviación de la mandíbula, que a su vez dejó como consecuencia desfiguración de rostro y la pérdida en de piezas dentales, fuertes cefaleas, pérdida transitoria de la memoria y gran dificultad para la memoria reciente, ocasional pérdida del equilibrio y desorientación por audio, entre otras.

Según las leyes vigentes en el año 2009 como la Ley de Régimen Penitenciario, el Estado aparte de velar por la integridad de las y los privados de libertad debe proveer lo necesario para garantizar un buen estado de salud y en el caso de José Díaz esto no ocurrió. La víctima asevera que su caso fue asignado a tres especialistas en consulta externa un (otorrinolaringólogo, un neurólogo, y un psiquiatra) pero de igual forma su condición de salud fue menospreciada por los responsables ya que solo lo vieron en dos citas. “Una vez fui con el neurólogo y otra con el psiquiatra, ambos me citaron de nuevo y por no ser trasladado perdí las citas”.

Pasaron los años y las complicaciones seguían ya que la negligencia y la impunidad no permitieron que el señor Díaz obtuviera respuestas concretas. La víctima una vez en libertad comenzó a buscar justicia y acudió a la Fiscalía y a la Defensoría, entes que ya conocían el caso y que no hicieron nada al respecto “fueron las mismas autoridades capacitadas para defenderme como ciudadano las que me presentaban trabas. La Fiscalía nunca inició las investigaciones pertinentes, por su parte la Defensoría del Pueblo se limitó a ser un consultor jurídico con rango de poder público. Mis denuncias y peticiones no pudieron hacer mella en el sistema”.

Pasaron 9 años cuando al ser atendido por el encargado del departamento de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República le dijo a la víctima que “te voy a hablar claro porque vienes de parte del profesor. Viniste a tratar con tu enemigo, la Fiscalía es parte del Estado y no puede ir en su contra.”

Finalmente, después de tantos tropiezos y tanta espera el José Magallanes decidió emprender una caminata en señal de protesta pacífica, arrastrando una cadena hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica con la misión de solicitar como ciudadano venezolano y en nombre de todas las víctimas caídas por manos de los cuerpos de seguridad, les sea restituido el estatus de miembro a Venezuela en dicho organismo.

A continuación, el relato de los hechos por parte de la víctima:

NuevoDocumento 16El día 27 de enero de 1992, en la cárcel nacional de ciudad Bolívar, donde purgaba condena por el delito de robo agravado, recibo sin motivo alguno, un disparo de escopeta, con carga de perdigones plásticos, a la altura del oído derecho. Este disparo realizado a escasos tres metros de distancia fue responsabilidad de un funcionario de la dirección de prisiones adscrito al ministerio de justicia. Este hecho, aparte de atentar claramente contra mi vida con toda intención, ocasionó serios trastornos en mi salud y por ende en el normal desenvolvimiento de mi personalidad, entre ellos:

  • Pérdida total e irreparable de la audición en el oído impactado.
  • Desviación de la mandíbula, que a su vez dejó como consecuencia desfiguración de rostro y la pérdida en su mayoría de las piezas dentales, esto debido a que la quijada al perder su posición original y buscando su nuevo descanso me obliga a friccionar los dientes superiores contra los inferiores. Esta fricción constante fue fracturando pieza por pieza paulatinamente y yo sufriendo una por una hasta perderla por completo, algunas dejaron la raíz y esto multiplicaba los dolores. Esto me creó dos traumas: uno por lesión y otro psicológico, ya que al frotar mi dentadura se produce un sonido cerebral perturbador.
  • También soy víctima de fuertes cefaleas.
  • Sufrí (¡Gracias a Dios ya pasó!) pérdida transitoria de la memoria y gran dificultad para la memoria reciente.
  • Ocasional pérdida del equilibrio
  • Desorientación por audio
  • A este cuadro se une también un sonido agudo – como el canto de chicharras -, constante, perenne, desde el momento que recibí el disparo hasta hoy resuena en mi cabeza, interminable. Debido a que el impacto de la carga de perdigones cayó de lleno y me reventó el tímpano produciendo así el fastidioso chirrido.
  • No sé si valga la pena mencionar un hecho extraño al que yo llamo una réplica; creo que unas cinco o seis veces me ha sucedido. Cuando estoy entre dormido y despierto: simultáneamente oigo un fuerte gong y veo una luz refulgente y cegadora, como un flash fotográfico, esto en decimas de segundos seguido de un fuerte incremento del sonido fastidioso que me despierta completamente aturdido y asustado.
  • En el período de recuperación los dos primeros meses aproximadamente sufrí mareos y vómitos constantes.

En mi condición de reo y según las leyes vigentes para ese entonces, en especial la “Ley de Régimen Penitenciario”, el Estado aparte de velar por mi integridad física (donde falló por ser el causante), debería proveer lo necesario para garantizarme un estado de salud normal. Otras leyes también me amparan, por ejemplo la Constitución Nacional, el Código Civil y otras. Bueno, sigo sin entender veinticinco años después ¿Por qué la ley que me condena se cumple y la ley que me ampara no?

Luego de recibir el alta médica mi caso fue asignado a tres especialistas en consulta externa, a saber: un otorrinolaringólogo, un neurólogo, y un psiquiatra. Mi condición de salud fue menospreciada por los responsables, solo fui llevado a dos citas; una con el neurólogo y otra con el psiquiatra, ambos me citaron de nuevo y por no ser trasladado perdí las citas.

Ante tanta negligencia fue naciendo el deseo de hacer justicia. ¿Cómo hacer cumplir la ley que me ampara? Una vez en libertad comencé esa búsqueda con mayor fervor. Ni la Fiscalía, ni la Defensoría – ambos conocedores del caso – aportaron recursos para hacer valer mi derecho a la justicia y al debido proceso. Al contrario, fueron las mismas autoridades capacitadas para defenderme como ciudadano las que me presentaban trabas. La Fiscalía nunca inició las investigaciones pertinentes, por su parte la Defensoría del Pueblo se limitó a ser un consultor jurídico con rango de poder público. Mis denuncias y peticiones no pudieron hacer mella en el sistema.

Luego de 9 años aproximadamente de insistencia y negativas, por consejo del profesor Javier Elechiguerra, para aquel entonces Fiscal General, me envió al piso 8 de la Fiscalía en Parque Carabobo donde funcionaba el ya trillado departamento de Derechos Fundamentales. Fui atendido por el encargado de ese despacho. El mismo me dijo: “Te voy a hablar claro porque vienes de parte del profesor. Viniste a tratar con tu enemigo, la Fiscalía es parte del Estado y no puede ir en su contra.”

¿Dónde ir entonces?

Ya agotados todos los esfuerzos opté por la rebeldía y sin pensar en la acción, quemé todos los papeles que había acumulado a lo largo del infructuoso proceso de buscar justicia. Para ese entonces cursaba estudios en la escuela de Derecho de la UCV. Todo el material didáctico, incluido el carnet de estudiante, título de Bachiller, certificación de notas y todo lo que tenía que ver con la carrera para abogado que cursaba fue a parar también a la hoguera. Decidí firmemente no hacer más reclamos, abandonar la carrera de Derecho, por considerarla ineficaz.

Años más tarde, trabajaba en Cativen como estibador a destajo. Tenía 7 años laborando en esta empresa cuando fue expropiada por el gobierno y posteriormente llamada Red de Abastos Bicentenario, centro de distribución Cagua. Por reclamar derechos del grupo se me negó la entrada a la empresa. Una empresa socialista me quitó el derecho constitucional al trabajo, y me echó a la calle.

Otra vez buscando justicia voy al Ministerio del Trabajo, a la Defensoría y lastimosamente no pueden hacer nada por ser la Red de Abastos Bicentenario una empresa del Estado. Desisto convencido de la derrota y con mucha impotencia me voy a Puerto Ordaz. Sigo como estibador a destajo en el peaje de Puerto Ordaz, hasta que consigo un buen empleo y comienzo a trabajar en “Orinoco Wood Chip”, casi tres meses después los tentáculos insaciables del Estado llegan también a expropiar y pierdo de nuevo el trabajo. ¡Hasta cuándo? Muy, muy molesto decido retomar el proceso de demanda abandonado. Sabía en primer lugar que debía empezar de cero y comenzaría el ir y venir, para allá y para acá, de nuevo…

La óptica debía ser diferente. Tenía que idear algo diferente y más contundente, había que abrir otro frente para atacar, sin quebrantar el orden legal. Así, comencé a entender el propósito real del asunto. Todo fue obra de Dios; todo comenzó a tener sentido. Dios me estaba preparando (sin darme cuenta, hasta hace poco) para hacerle frente a todo un sistema. – Recordé el pasaje bíblico de David y Goliat -, llamado Estado. Un sistema cruel e inhumano que oprime y mata con impunidad. Poco a poco el Señor fue encaminando mi rumbo por la justicia. No podía negarme en ninguna manera a un mandato divino y sea cual sea el resultado estoy dispuesto a obedecer y afrontar todas las consecuencias.

El comienzo de este camino largo y tortuoso es: una caminata en forma de protesta pacífica, arrastrando una cadena hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica con la misión de solicitar como ciudadano venezolano y en nombre de todas las víctimas caídas por manos de los cuerpos policiales y de seguridad, le sea restituido el estatus de miembro a Venezuela en dicho organismo.

Se han multiplicado en gran manera los crímenes de lesa humanidad. Diariamente mueren más de 20 personas en manos de esbirros asesinos y hasta justifican las muertes. Encarcelan dirigentes y se burlan del sistema que los llamó a preservar el orden y la justicia.

Es fácil ver a nuestros funcionarios irrumpir en una vivienda y asesinar a personas inermes. ¿Por qué? Porque la impunidad está asegurada a un alto porcentaje.

El 27 de enero de 2017 se van a cumplir 25 años que fui víctima de ese nefasto disparo. Esa fecha el proyecto “Por la justicia” gestado por el Creador comenzará con la caminata.

Gabriela Buada Blondell / Comunicación Red de Apoyo

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