Igualdad y No Discriminación


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En ese sentido, el Estado debe abstenerse de promover políticas o prácticas gubernamentales contrarias al ejercicio de este derecho; por ejemplo: imponer y justificar costos procesales elevados para el acceso a recursos judiciales efectivos, que termine excluyendo del sistema a la gente con mayores carencias económicas o en situación de pobreza; promover prácticas policiales o de seguridad ciudadana dirigidas a criminalizar la pobreza porque se asume que todos los pobres se encuentran en conflicto con la ley; desatender la calidad del sistema educativo público primario y secundario en detrimento de las posibilidades de las y los estudiantes de acceder a estudios superiores o empleo; entre otros ejemplos que pueden ser mencionados.

No discriminación

Por otro lado, continua el mencionado artículo, se prohíbe todo acto de discriminación por razones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o cualquier otra razón que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos de las personas, como por ejemplo la orientación sexual, tendencias políticas o las condiciones físicas o mentales de una persona.  Entra en juego el derecho a la no discriminación, que fundamentalmente se trata de proteger a las personas en el ejercicio de sus derechos, especialmente la igualdad.

Siguiendo los mismos ejemplos previamente mencionados, resulta discriminación y por ende una violación de derechos, que una persona pobre no pueda acceder al sistema de justicia si no tiene los recursos para pagar los costos procesales; también es discriminatorio que un pobre sea más susceptible de ser detenido en un operativo policial solo por no vivir en una zona acomodada; y finalmente es discriminatorio que un joven no pueda acceder a la universidad por el simple hecho de haber estudiado en una escuela pública que no le brindó la calidad necesaria para su preparación académica.  Agreguemos acá el ejemplo de una persona transexual que no puede cambiar su identidad en el Registro Civil, un hombre gay que es constantemente señalado por su orientación sexual, una mujer que debe hacer una prueba de embarazo como requisito para ingresar a un empleo, entre otras situaciones que implican discriminación, sean cometidas por el Estado o por particulares.

Algunos de estos casos ilustrativos, permiten observar que pese a ser una vulneración a los derechos de las personas prohibida explícitamente por la legislación nacional e internacional, la discriminación suele estar muy presente en nuestra sociedad.  También que, son muchas las representaciones que adquiere y múltiples los contextos en que suele aparecer, siendo el denominador común, en cualquier caso, la afectación directa o indirecta que recae sobre sus víctimas, e incluso en quienes la aplican, y las consecuencias que trae para la sana convivencia y el ejercicio de los derechos humanos.

Acciones positivas

Para contrarrestar estas situaciones, es responsabilidad del Estado en arreglo al mismo artículo 21 de la Carta Magna, adoptar medidas positivas en favor de las personas que puedan ser marginados, discriminados o vulnerados, estableciendo una protección especial a aquellas personas que por cualquier razón (no solo las establecidas explícitamente en la constitución), se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o vulnerabilidad.

Es decir, crear políticas que permitan a las personas discriminadas o afectadas en el acceso igualitario a oportunidades, reivindicar sus derechos.  Por ejemplo, reconocer las culturas ancestrales de los pueblos indígenas, eliminar las pruebas pre empleo discriminatorias para las personas con VIH o Sida, crear condiciones físicas para que las personas con discapacidad puedan acceder a un edificio, garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.

Pero, además es fundamental la participación de la sociedad en la construcción de las políticas públicas, la consolidación de los estados laicos y al servicio del pueblo y no de intereses particulares, la inclusión de las personas tradicionalmente vulneradas y excluidas, el respeto por las diferencias políticas, la educación en derechos humanos en todos los niveles de la sociedad y la sanción a quienes cometan abusos o maltratos contra las personas “diferentes”.

 Opinión / Francisco Martínez Montero

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