Educación en y para los derechos humanos


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educacion-y-ddhhDe acuerdo al preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se señala expresamente que el objetivo último de la educación, entendida como un derecho humano universal, es el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento de otros derechos. Por tanto, se trata de un enfoque útil para promover la comprensión mutua, la tolerancia y respeto por las “diferencias”, la igualdad de oportunidades y en general, para crear espacios de construcción de una ciudadanía responsable y empoderada, partícipe de los procesos reivindicativos por la plena vigencia de los derechos humanos y búsqueda de su dignidad, de allí su doble enfoque: como medio y como fin.

Tiene como objetivos fundamentales la formación de ciudadanas y ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de participar en la construcción de una convivencia social democrática, sustentada en el respeto y vigencia por los derechos humanos; y a la vez, a partir del análisis y evaluación consiente de la realidad desde los parámetros valóricos y normativos de los derechos humanos, la promoción del desarrollo de actitudes y valores basados en el respeto por la dignidad humana como la libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Se trata de, educar en principios propios de los derechos humanos, para alcanzar el pleno goce de estos.

Reconocimiento normativo

Tal es la importancia de este enfoque incluso, que ha sido recogido en muchos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo 13 establece que la  “…la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”.

En nuestra región, se configura la noción emancipadora de la educación en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como el Protocolo de San Salvador, cuyo artículo 13 conviene que “… la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz [ …] la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades a favor del mantenimiento de la paz”.

A partir de este reconocimiento, los países que conforman la comunidad internacional han avanzado, en mayor o menor grado, en el logro del ejercicio del derecho a la educación desde una visión integradora y darle la importancia que merece, al punto que en diciembre de 1994, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclama el período 1995-2004, el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos,  planteando que la : “...educación en la esfera de los derechos humanos no debe circunscribirse al suministro de información, sino que debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida mediante el cual las personas de todos los niveles de desarrollo y de todos los estratos de la sociedad aprendan a respetar la dignidad del prójimo y cuáles son los medios y mecanismos de velar por ese respeto en todas las sociedades…”

 En nuestro país, la Constitución Nacional muy coherentemente con la doctrina internacional previamente identificada, establece en su artículo 102, que La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal…”

 

Sin embargo, más allá del reconocimiento normativo nacional e internacional de la educación como un derecho humano y también como una visión emancipadora de esta – que es significativamente un avance – es importante la sensibilización de toda la sociedad, especialmente de las y los operadores públicos, sobre la importancia de incorporar este enfoque educativo como una práctica regular y necesaria, que trasciende las aulas de clases y se inserta en la cotidianidad de las comunidades, las familias, el Estado, etc. De manera tal que se entienda como una visión necesaria para el crecimiento de la sociedad, la disminución de las desigualdades, y crear ambientes sociales donde la paz y la democracia reinen como valores fundamentales.

Por: Francisco Martínez Montero en Correo del Orinoco 

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