¿DÓNDE ESTÁN LILIA Y JUBER? A cuatro años de su desaparición exigimos justicia al Estado venezolano


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Somos una familia que se niega aceptar la desaparición de nuestros padres Lilia y Juber, a pesar del dolor en nuestros corazones seguimos clamando por justicia.

Nuestros padres fueron detenidos arbitrariamente y desaparecidos por miembros de la policía judicial de Venezuela –CICPC- el 8 de junio del 2013, siendo sacados abruptamente de su vivienda ubicada en la ciudad de Rubio, Estado Táchira. Después de eso no se ha vuelto a tener noticias de su paradero y las autoridades venezolanas aún no cumplen con su mandato legal de aclarar lo ocurrido y establecer responsabilidades. Hemos comprobado como se levantan muros de impunidad a través de prácticas dilatorias y evasivas por parte de las instituciones venezolanas.
Hoy queremos destacar los siguientes puntos:
1. El caso al que nos referimos es de suma gravedad pues revela el involucramiento de funcionarios estatales en hechos violatorios de los derechos fundamentales, por lo cual desde junio del 2014 la investigación fue asumida por la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía. Como familia hemos logrado establecer elementos fundados para afirmar que nuestros padres han sido víctimas de las acciones criminales que se llevaron a cabo desde un grupo especializado del CICPC. Dichas acciones arrastraron consigo la desgracia a muchas otras familias y los hechos dibujan un cuadro sistemático de delitos y graves violaciones.
2. El tiempo transcurrido de 48 meses, ha tenido un efecto devastador en la pérdida de información y pruebas. Hemos encontrado una actitud despectiva
recurrente hacia nuestra solicitud para que se llevaran a cabo diligencias cruciales, que de haberse realizado, hubieran podido significar la ubicación temprana de nuestros padres. Ejemplo de ello ha sido la petición del monitoreo de las señales emitidas por los teléfonos de nuestros padres aún pasados 20 días luego de su desaparición, así como la solicitud del récord de conexiones que tuvieron días previos y posteriores a la desaparición. Ninguna de estas solicitudes ha sido atendida.
3. La investigación ha pasado por las manos de 8 fiscales, asignados a 6 despachos diferentes (entre regionales y nacionales), conllevando una pérdida en la continuidad de la investigación. El último fiscal ha sido asignado desde febrero del 2016 y desde entonces el caso ha estado completamente inactivo. Esta proliferación de funcionarios fiscales contrasta con la ausencia de acciones judiciales y con la reiterada opacidad que caracteriza el expediente. A la familia y a sus apoderadas se les obstaculiza el acceso y aún no se cuenta con una copia completa del mismo.
4. Es evidente la falta de voluntad para investigar a fondo y para tomar decisiones determinantes a partir de los indicios de responsabilidad que ya se tienen. Todo parece indicar un motivo de protección a los victimarios dado su carácter de funcionarios estatales. Además vemos con profunda preocupación que funcionarios policiales del CICPC denunciados por ser Violadores de los Derechos Humanos reciban premios, ascensos y condecoraciones por parte de las instituciones, dificultando el ejercicio de la acción penal en su contra. La ineficiencia en la aplicación de Justicia conlleva a que estas personas continúen vinculadas a un ente estatal armado y con licencia para romper con la tranquilidad y paz de muchas familias, siendo origen de horror y tristeza para ellas.
5. Señalar que hay serias evidencias de encubrimiento por parte del Ministerio Público de las actuaciones ilegales de algunos de sus funcionarios; esta situación afecta la imparcialidad que requieren las investigaciones penales. Podríamos ofrecer un inventario largo sobre las grandes dificultades económicas y emocionales que hemos tenido que asumir para realizar casi una veintena de viajes a Caracas. Podríamos describir el inmenso riesgo que asumimos cada vez que pisamos territorio venezolano para enfrentar la sordera y la negligencia de unas autoridades que pisotean nuestra dignidad de víctimas, sabiendo además que dicho país continúa cada vez sucumbiendo a un clima de inseguridad creciente. Podríamos también relatar las pesadillas que aún sacuden el sueño de nuestras hijas e hijos, los nietos de Lilia y Juber, quienes, junto con nosotras, aún se resisten a asimilar la desgracia que ha significado el robo de su presencia.
Pero no… No queremos, ni necesitamos extendernos en la descripción del inmenso daño causado.
Hoy 8 de junio preferimos que nuestras palabras dibujen la perseverancia de nuestra exigencia de justicia, lo impostergable de nuestra pregunta sobre dónde laten sus vidas, la convicción en la búsqueda de su rastro.
Hoy 8 de junio solo nos damos a la tarea de resarcir del olvido un par de vidas humanas que han sido arrancadas del seno de la familia que ellas mismas fundaron y lograr que se estremezca el insultante silencio en que se ampara una criminalidad blindada por credenciales oficiales.
Hoy 8 de junio solo deseamos que se detenga esta máquina de desprecio hacia la vida humana y así asignarle algo de sentido a este inmenso dolor que nos embarga, sabiendo que es el dolor de muchas otras familias que padecen el horroroso acto de la desaparición forzada y que se hallan sometidas a la indignante negación de justicia.
Hoy 8 de junio extendemos nuestra voz de gratitud a todas aquellas voluntades que nos han acompañado desde el comienzo de esta lucha: amigas, amigos, organizaciones defensoras de derechos humanos, abogadas, abogados, organizaciones sociales. Confiamos en la permanencia de su apoyo hasta que encontremos a nuestra amada madre y a nuestro amado padre.
Hoy 8 de junio pedimos a todas y todos, la solidaridad con nuestra causa y que no cesen de acompañar este esfuerzo que seguiremos realizando como familia para descubrir los hechos que han conllevado la desaparición de nuestros padres y que desde cualquier lugar del planeta se le pregunte al Gobierno Venezolano ¿Dónde están Lilia y Juber?

Hijas e hijos de Lilia y Juber
-8 de junio de 2017

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