ACCION URGENTE: Desaparición forzada de dos campesinos en el Alto Apure


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A FAVOR DE:

JERLIS ARLEY SALCEDO ACEVEDO Y JORGE ELIEZER GARCÍA BUSTILLOS

Caracas, 04 de abril de 2017

Descripción de los hechos

 

Versión de los familiares

 

El día 21 de marzo del año 2017, las ciudadanas Flor Acevedo, venezolana y titular de la cédula de identidad Nº V- 10.012.233 e Izaura Isabel Bustillos, venezolana y titular de la cédula de identidad Nº V- 8.188.577 acudieron a las oficinas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, a manifestar lo siguiente:

 

“El día martes 28 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 10:00 am, llegó una comisión del Ejército Bolivariano en un helicóptero al fundo “Altamira” ubicado en el Asentamiento Campesino Hato Campo Alegre, Sector la Motobomba, Municipio Rómulo Gallegos, Alto Apure, estado Apure, propiedad de la señora Flor Acevedo. Se bajó un ciudadano uniformado que usaba pasamontaña en su rostro con una actitud agresiva y quien se presume se encontraba al mando de la comisión de aproximadamente 20 a 30 soldados, los cuales andaban igualmente armados y uniformados. La señora Flor Acevedo manifestó que el ciudadano que cargaba el pasamontaña agresivamente con arma en mano le apuntó y le dijo que le abriera las puertas de la casa, lo cual procedió a realizar. Los funcionarios entraron y revisaron todo dejando la casa completamente desordenada y no encontraron nada. En ese momento se encontraban en la casa la señora Flor Acevedo y el ciudadano JORGE ELIEZER GARCÍA BUSTILLOS, de 47 años de edad y titular de la cédula de Identidad No. 96.190.376, quien es trabajador del fundo y les pidieron su identificación. No se identificaron ni dijeron el motivo de su visita, luego se fueron del lugar.

El día jueves 02 de marzo de 2017, volvió esta misma Comisión al mando del General de Brigada Federico Guillermo Guzmán Bornia, Comandante de la Brigada 91 de Caballería de Mantecal, del Ejército Bolivariano. Eran alrededor de la 1:00 a 2:00 de la tarde, cuando aterrizó nuevamente el helicóptero militar en el fundo antes mencionado, haciendo la misma revisión en la casa, esta vez de manera más contundente. La señora Flor indicó que los efectivos militares hacían huecos en las paredes de los cuartos, sin saber qué buscaban, porque nada encontraron. Estaban presente en ese momento, junto a la señora Flor, su hijo JERLIS ARLEY SALCEDO ACEVEDO, de 31 años de edad y titular de la cédula de Identidad No. V- 19.462.794 y el obrero Jorge Eliezer García Bustillos a los cuales pidieron identificación y les tomaron fotos a estos dos ciudadanos. Los funcionarios le dijeron a la señora Flor: “Señora nos los llevamos a ellos dos a una investigación; los llevamos a Elorza y los regresamos esta misma tarde”. Los efectivos militares le mostraron a ella, a su hijo y al señor Jorge, fotografías de varios sujetos y les preguntaban si conocían a un sujeto alias “Sierra”, a lo cual contestaron que no.

El ciudadano Jerlys Arley Salcedo Acevedo llevaba consigo la cantidad de un millón quinientos mil pesos producto de la venta de chimó; también tenía en una carpeta una serie de documentos relativos a la propiedad del fundo, de una moto y otros equipos (motobomba, planta eléctrica, moto canoa y una “guaraña” – corta césped -). El ciudadano Jorge Eliezer García Bustillos llevaba consigo la cantidad de veinte mil bolívares.

Los funcionarios militares se llevaron dos teléfonos celulares, una carne seca, así como un mercado de alimentos que tenía la familia en la casa.

Las ciudadanas Flor Acevedo e Izaura Isabel Bustillos, madres de las víctimas, hasta la fecha actual desconocen el paradero de estos dos ciudadanos. De acuerdo a la versión de los familiares, nunca los trasladaron hasta Elorza, siendo más bien llevados a la Brigada 91 Caballería Blindada “G/B. Pedro Pérez Delgado” Fte. Otomaco Mantecal, Edo. Apure. Esta información la obtuvieron al día siguiente de su detención. Posteriormente entre los días 4 y 5 de marzo de 2017, los familiares conocieron que los trasladaron al Teatro de Operaciones Nº 1 y 92 Brigada de Caribes, de Guasdualito, estado Apure, pero allí les comunicaron que ahí no se encontraban. El Mayor Franklin Bitoni, Segundo Comandante de la Brigada 91 de Mantecal, les informó a los familiares que los había dejado en el Teatro de Operaciones N° 1 de Guasdualito. Un sargento del Teatro de Operaciones 1 le dijo a los familiares de Jerlis Arley Salcedo que como eran “colombianos” los habían trasladado hasta Arauca. Entre el día 10 y 11 de marzo confirmaron que los ciudadanos no estaban allí detenidos.

La señora Flor relató que entre los días 6 y 8 de marzo de 2017 se dirigieron a formular las denuncias en la Defensoría del Pueblo de Guasdualito, en el Ministerio Público, en la fiscalía militar del Teatro de Operaciones Nº 1 del Ejército. También solicitaron información acerca del paradero de Jerlis Arley Salcedo Acevedo y Jorge Eliezer García Bustillos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana y el Teatro de Operaciones Nº 1, sin tener respuesta de ellos.

Así mismo, manifestaron los familiares que el día 8 de marzo de 2017, colocaron la denuncia en la Fiscalía 5ª del Ministerio Público ubicada en Mantecal, estado Apure. El número de expediente es MP-108599-2017. Allí tampoco han recibido información de los ciudadanos

Finalmente, la señora Flor Acevedo comentó que la situación en la zona del Alto Apure que están viviendo actualmente es muy delicada pues la práctica de los efectivos militares es la detención, tortura, allanamientos y amedrentamiento para los campesinos de la zona. Al parecer debido a la búsqueda de “grupos subversivos”. La detención de su hijo y su empleado sería el tercer caso ocurrido en el sector”.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

“Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley.” Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 45.


En virtud de los hechos antes descritos se presume que estamos en presencia del delito de desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad. Reconocido como tal por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e igualmente por la comunidad internacional, el cual vulnera flagrantemente derechos humanos reconocidos, no solamente en nuestra Constitución sino en instrumentos internacionales ratificados por la República. Es importante señalar que el delito de desaparición forzada se considera en nuestra legislación como un delito instantáneo con efectos permanentes mientras no aparezca la víctima.

Por último, Venezuela ha suscrito y ratificado Pactos y Convenios internacionales sobre la desaparición forzada de personas donde se ha considerado como un delito, así lo ha consagrado expresamente la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Personas. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en numerosos fallos que es un delito que implica graves violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Acción solicitada:

 

  1. Tomar las medidas para conocer el paradero de los ciudadanos: JERLIS ARLEY SALCEDO ACEVEDO y JORGE ELIEZER GARCÍA BUSTILLOS, ordenar su liberación inmediata y garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica;
  2. Se practiquen todas aquellas diligencias previas, previstas en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, con la finalidad de identificar a los funcionarios del Ejército Bolivariano que intervinieron en esta presumible violación a los derechos humanos, y en consecuencia sean llevados a juicio y se les aplique las sanciones penales, civiles y administrativas previstas en la ley en caso de ser encontrados culpables, y por ende se ordenen sus destituciones inmediatas de la prenombrada institución militar;
  3. Adoptar medidas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las ciudadanas FLOR ACEVEDO E IZAURA ISABEL BUSTILLOS, madres de las víctimas, así como de sus familiares y testigos de los hechos.

 

Favor escribir a las autoridades competentes:

Ciudadano Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Dirección: Final Avenida Urdaneta, Esq. de Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito Capital. Venezuela.

Teléfonos: +58 (212) 806.31.11 / 806.32.29

Su despacho.-

 

Ciudadano Tareck El Aissami

Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela

Dirección: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas 1010, Distrito Capital. Venezuela

Teléfonos: +58 (212) 860.33.35 / 860.88.22

Su despacho. –

 

Ciudadano General en Jefe Vladimir Padrino López

Ministro del Poder Popular para la Defensa

Dirección: Edificio Sede del Ministerio de la Defensa, Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas, Distrito Capital. Venezuela

Teléfonos: +58 (212) 607.16.03 / 607.16.45 / 607.16.18 / 607.16.25

prensafuerzarmada@gmail.com

Su despacho.-

 

Ciudadana Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela

Dirección: Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquina de Misericordia a Pele el Ojo. Av. México, Caracas, Distrito Capital. Venezuela.

Teléfonos: +58 (212) 509.72.44 /509.74.64

ministeriopublico@mp.gob.ve

Su despacho. –

 

Ciudadano Tarek William Saab

Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela

Dirección: Centro Financiero Latino. Avenida Urdaneta. La Candelaria, Caracas- Distrito Capital –  Venezuela.

Teléfonos: +58 (212) 507.70.06 / 507.70.13

contacto@defensoria.gob.ve

Su despacho. –

 

 

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Parque Central, Edif. Caroata, Nivel Oficina 2, Oficina Nº 220, Apdo. Postal 17476, Caracas, 1015‑A, VENEZUELA. Correo electrónico: atencionintegral.redapoyo@gmail.com

 

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, es una organización social que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela. Desde el año 1985, la Red de Apoyo ha acompañado a personas víctimas de abuso policial o militar y a sus familiares en los procesos de denuncia y rehabilitación, después de haber sido víctimas de violaciones a derechos fundamentales como la vida (ejecuciones y desapariciones forzadas), a la integridad personal (tortura y maltratos), a la seguridad personal (amenazas), a la libertad personal (detenciones arbitrarias) y a la inviolabilidad del hogar (allanamientos ilegales). Nuestra organización brinda atención integral a estas personas, desde el punto de vista jurídico, médico, psicológico, social y pedagógico, acompañándoles en la búsqueda de justicia, ayudándoles a recuperarse de las secuelas producidas por las violaciones a los derechos humanos y formándoles para el empoderamiento y para convertirse en promotores y defensores de los derechos humanos.

 

Página Web: www.reddeapoyo.org.ve

 Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

 @redapoyo

 

 

 

 

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