“A la gente en materia de seguridad solo le han ofrecido la mano dura pero no alternativa”


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2017 es otro año crucial para el Gobierno, dado que es electoral y, aunque lo económico es lo que ocupa la agenda del venezolano, la actuación del ejecutivo en materia de seguridad ciudadana también será fundamental, según ha manifestado el Presidente de la República. Keymer Ávila, especialista en temas de seguridad, nos dice cuál debe ser el norte de la política de seguridad del Estado y explica por qué entre Gobierno y oposición “hay un consenso autoritario y conservador” en este ámbito.

-2016 cerró de forma negativa con las masacres de Barlovento y Cariaco, ¿el Gobierno debe replantear las OLP para este año o continuarlas?

Lo primero que hay que dejar claro es que una política de seguridad no puede reducirse a unos operativos esporádicos, ni mucho menos estar guiadas por una lógica propagandística que está basada en muertes y privaciones de libertad, con independencia de que las personas estén incursas o no en actuaciones delictivas.

Una política de seguridad tiene que ser algo institucionalizado, es decir, que no responda de forma esporádica ni a lógicas propagandísticas, ni a coyunturas eventuales. Tiene que ser permanente, tiene que estar enmarcada dentro de los límites legales porque debe buscar la aplicación de las leyes y no su violación. No se puede pretender combatir en esos términos bélicos a la delincuencia, convirtiendo al funcionario de seguridad en un delincuente. Hay innumerable literatura desde los años 80 que explica cómo los operativos terminan siendo poco útiles en la disminución del delito, por el contrario, más bien contribuyen al incremento de este fenómeno. Por una parte, incrementa la comisión de delitos por parte de los propios cuerpos de seguridad del Estado porque actúan sin ningún tipo de limitación.

En segundo lugar, también incrementa la violencia delictiva. La violencia institucional termina potenciando la violencia social y la violencia delictiva. Un ejemplo lo tuvimos en el año 89. La reacción del Estado con la represión militar resultó en un quiebre de las relaciones de los ciudadanos con el Estado pero también entre los ciudadanos, y de esa espiral de violencia no nos hemos recuperado aun hoy en día. La violencia policial también sirve para crear un mercado en el que las drogas y las armas se convierten en los objetos de intercambio porque los grupos delictivos van a buscar mayores recursos para defenderse de la violencia institucional. Una de las principales fuentes del mercado ilegal de armas, al menos en Venezuela, viene de la institución militar y policial. Por ejemplo, más del 80% de las municiones que matan a los venezolanos provienen de Cavim, es decir, producción nacional. Cuando se observan las armas con las que se matan a nuestros funcionarios, al menos el 10% tienen un origen orgánico, es decir, provienen de los propios cuerpos de seguridad del Estado. Y más llama la atención que más del 70% de los funcionarios que fueron víctimas de homicidio no lo fueron mientras estaban en ejercicio de sus funciones.

Es decir que podemos afirmar que esta violencia institucional termina revirtiéndose a los propios funcionarios, no en el marco del ejercicio de sus funciones sino como una emboscada. La policía va al barrio y acaba con la vida de cierta cantidad de personas, algunas de éstas pudieran estar en actividades delictivas y otras no, luego los grupos delictivos se cobran esos muertos de otra forma. Es una especie de guerra irregular en el que la policía mata a civiles como ajusticiamiento y la delincuencia caza a los policías fuera de sus funciones. En conclusión, el saldo de los operativos es el incremento de la violencia delictiva.

-¿A qué puede apostar el Gobierno para que el daño hecho por los operativos se revierta?

–En primer lugar, debe tenerse en cuenta que las OLP son coyunturales. El día de mañana les pueden cambiar el nombre y ponerles algo más rimbombante o decir que son las OLP versión 4.0. Aquí lo que se debe cuestionar es la praxis institucional. Las policías y los militares no pueden actuar de manera ilimitada y sin controles ni consecuencias por sus actos. Si visibilizamos solo a las OLP, entonces dejan de verse las actuaciones de los cuerpos de seguridad cuando no actúan bajo esas siglas. Y al final lo que estaríamos haciendo es darle un espaldarazo a ese tipo de actuaciones.

Quienes toman las decisiones lo que deben hacer es reducción de daños y contenciones. Primero, fiscalizar el tema de las armas y las municiones. ¿Cómo están los parques de armas de las instituciones policiales y militares? Hay que fiscalizar y supervisar de manera permanente todo eso. Hacer rastreo de las armas ilegales, cuáles son las fuentes. En segundo lugar, procesar a los funcionarios involucrados en ejecuciones extrajudiciales y actuaciones delictivas y esto debe informarse al país. Deben sacarlos de la calle. El discurso oficial debe llamar a la institucionalidad y construirla y no lo contrario. El indicador debe ser la reducción de las muertes y homicidios. Ese debe ser el norte del discurso y de la política de seguridad del Estado.

¿Con esto estamos diciendo que el Estado no debe hacer nada? No, todo lo contrario, hay mucho por hacer. Pero no puede llegar a los barrios militarmente. Ahí está el proyecto de las casas de justicia. Las misiones. Todo eso debe estar presente en los barrios ofreciendo oportunidades a la población y acceso a sus derechos. El tema de la seguridad ciudadana no puede verse como una campaña ni como una propaganda.

-¿Qué otras aristas debe cubrir el Estado para una política de seguridad integral?

–Hay una necesidad transversal a todas las áreas de la vida pública que es la institucionalidad. Es la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del propio Estado. Producto de la polarización, las coyunturas electorales, de las coyunturas políticas, toda la clase política está metida en esa ola, todos están en una lógica de campaña, gobierno y oposición. Pero el acento está en el Gobierno, que es el responsable de las instituciones. Entonces, si todos están en campaña y en la guerra de unos por mantener el poder y otros por tomar el poder, ¿quién gerencia?, ¿quién lleva el Estado? Porque una cosa es conservar el poder y otra cosa es ejercer el Gobierno. Nadie se preocupa por el Estado, por el ejercicio de gobierno. Y el tema de la seguridad no está ajeno a esta realidad.

Lo primero que debemos hacer es construir institucionalidad y para eso no existen fórmulas mágicas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Primero investigar y diagnosticar problemas concretos. No se trata de grandes diagnósticos, sino explorar problemas concretos para tener información válida y sobre ello, tomar decisiones. Las políticas públicas realmente deben solucionar problemas y no basarse en si dan rating o centimetraje mediático.

En segundo lugar, tener el control de las instituciones policiales y militares. Un control político desde el punto de vista de Estado, institucional, y no partidista. No deben confundirse y hacer lo contrario, que los policías y militares terminen llevando la política.

En tercer lugar, aquí en el país no se aprecian trabajos de inteligencia criminal, eso debe priorizarse. Éstos se caracterizan por ser prácticamente invisibles, son operaciones quirúrgicas muy concretas. No requieren de un gran despliegue de miles de funcionarios ni trae como consecuencias miles de muertos. Deben hacerse en un doble sentido, tanto en las organizaciones criminales así como dentro de los propios cuerpos de seguridad.

En cuarto lugar, una política de seguridad debe tener como objetivo la disminución de los homicidios en el país. Lamentablemente tenemos una opacidad en la información por parte de las instituciones y esto da pie para que algunos sectores de la oposición se inventen las cifras o usen métodos que terminan inflando los indicadores. Por ello tenemos una visión distorsionada del asunto, aunque nuestra tasa de homicidios es muy alta.

En quinto lugar debe replantearse el tema del control y la regulación de las armas. El tema del desarme terminó siendo una propaganda boba, vacía de contenido. Lamentablemente quemaron el tema del desarme voluntario. Pero además del desarme lo que debe existir es una política de regulación y control de armas. Más allá de una campaña, debe ser una política permanente del Estado.

En sexto lugar, hay que revisar profundamente el sistema de administración de justicia. Una de las instituciones que debe tener mayor credibilidad en el país son los tribunales. Cuando los poderes tienen trancado el juego, el poder judicial es el llamado a destrancarlo y no debe agudizar los conflictos. Esto pasa por una depuración de los actores, que más que curriculum tienen prontuarios.

En séptimo lugar, no hay que reducir la complejidad de los problemas de seguridad al ámbito legislativo. Ese es un vicio que tienen ambos sectores políticos. Es decir, tienen un problema social, y lo quieren matar con una ley. A parte de ser muy primitivo desde lo político, también es muy simplista e ingenuo. De esto tampoco se ha salvado la oposición, ellos propusieron reformar la ley del servicio de policía, por ejemplo, que es una ley muy bien hecha, consultada y hecha por especialistas. Esa reforma que ellos plantean sería totalmente contraproducente.

En último lugar, se debe hacer un uso racional del sistema penal. La gente cree que cuando uno hace estas críticas, uno está pidiendo “mano blanda” y nada más alejado de la verdad. El Estado debe intervenir y tiene múltiples formas de hacerlo. Pero hay que entender que el sistema penal es la última opción del Estado. Primero debe intervenir en lo social, debe satisfacer las necesidades básicas de la población y no puede ser solo con represión. Ahora, si alguien no cumple con la ley, esa persona debe ser castigada pero en el marco de la ley.

Entonces, lo que debe haber es más institucionalidad y aplicación de las leyes. No lo contrario, que el Estado se convierta en delincuente.

-Sin embargo, la violencia delictiva existe y es real, ¿hasta qué punto debe el Estado aplicar la violencia institucional y en qué marco?

–Si un grupo de delincuentes hace armas contra funcionarios del Estado o contra personas desprotegidas, la policía no va a responder con flores o poesía. De lo que se trata es que haya una actuación proporcional y justificada.

La investigación empírica nos dice que las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado están aumentando de forma vertiginosa. En 2015 aumentó más del 80% y todo apunta a que 2016 fue mucho más alto el porcentaje. ¿Esto se traduce en mayor seguridad?, ¿han disminuido los homicidios o la violencia? No. Entonces no ha sido útil, se manipula mucho con la legitimidad o con lo que la gente supuestamente quiere. Pero la gente también quiere mejores servicios públicos o encontrar comida y precios justos, ¿por qué no se los dan?

A la gente en materia de seguridad solo se les ha ofrecido “la mano dura”, pero no se les ha ofrecido otra alternativa. Es un juego propagandístico. La gente quiere mano dura a partir de la emocionalidad negativa que se promueve en los medios de comunicación y por la dirigencia política. Pero esa fascinación represiva se acaba cuando esa violencia institucional le toca su puerta, cuando le matan a un familiar o conocido. Allí entienden que la mano dura es contraproducente.

Gobierno y oposición cada vez se distinguen menos en el tema de la seguridad

El también investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV evaluó el tratamiento que se le proporciona a la violencia delictiva en coyunturas electorales, tanto por los actores políticos como por los medios de comunicación.

“Es importante destacar que el Gobierno y la oposición, con respecto al tema de la seguridad ciudadana, cada vez se vienen distinguiendo menos entre sí y, por el contrario, lo que se puede apreciar es que entre ambos hay un consenso autoritario y conservador de desprecio hacia los más pobres”, sentencia.

-Considerando que 2017 es un año electoral, si el Gobierno continúa adelante con las OLP, ¿qué saldo puede tener en esta materia?

–Desde lo electoral, que creo que puede ser lo menos importante porque lo que estamos analizando es la vulneración de la vida de la mayoría de la población que vive en los barrios, tenemos el antecedente más inmediato que fue 2015. La OLP fue la principal campaña electoral del Gobierno ese año para ver si mantenía el control de la Asamblea Nacional. El resultado fue negativo. Cuando hacen encuestas en base a las OLP, la tendencia de su popularidad va hacia la baja. Pero más allá de eso el asunto no es de popularidad, sino de derechos, de la vida de las personas.

Viéndolo pragmáticamente, no le va a servir al Gobierno seguir con una campaña de este tipo en términos de conservación del poder. Por el contrario, lo que puede es incrementar los niveles de rechazo de los sectores populares en su contra porque quienes terminan siendo criminalizados y victimizados por este tipo de campaña son los sectores populares, que es la base originaria del chavismo. Estos operativos atacan a la base social del chavismo.

Los medios públicos y privados están en un consenso autoritario con las OLP  

En cuanto a la difusión que los medios de comunicación hacen de los operativos, la evaluación de Ávila es similar: “en esta coyuntura los medios privados y los del Estado no se distinguieron mucho”.

–Hasta el año 2013 la lógica de los medios privados fue de alarma pública, independientemente de que la situación real sirviera de sustento para ello. Y eso ha servido de insumo para quienes toman las decisiones, que no lo hacen de forma racional. Usualmente lo hacen basado en lo que dicen los medios de comunicación. El único que no hacía eso y volteaba la tortilla era Chávez. A él no le importaba lo que dijeran los medios porque él mismo creaba la agenda mediática y en consecuencia la agenda política. Los medios creaban una matriz y Chávez tenía el suficiente músculo para voltear la agenda. A partir de 2013 eso no ha sido así. En un contexto de crisis política y económica, quienes toman las decisiones se fueron por el camino fácil y crearon las OLP. Estas políticas sirvieron en buena medida para ocultar los otros problemas sociales que posiblemente eran mucho más delicados.

Ya después de 2015 la distinción entre los medios privados y públicos en esta materia no se veía. Todos se encadenaron. Todos estaban en un consenso autoritario con las OLP, todos reproducían el discurso oficial. Además, el propio discurso oficial ponía como un parte de guerra y como indicadores de éxito la cantidad de muertos y de detenidos que resultaban de los operativos. Ahora, ¿mejoró la situación? No. Y mucho más importante, ¿le sirvió esto al Gobierno electoralmente? Tampoco. Y los resultados los podemos ver de forma emblemática en las masacres de 2015 y 2016: lo que ocurrió en Barlovento, en Cariaco y también en Tumeremo. En 2015 Bolívar fue el segundo estado con mayor cantidad de muertes por las OLP, incluso hicieron “OLP mineras” especiales para Bolívar y ¿cuál fue el resultado de eso? La masacre de Tumeremo.

Estas masacres son emblemáticas por la cantidad de muertes que se consiguen en un solo evento. Pero podemos ver a partir de los últimos 3 años que en Venezuela existe una masacre por goteo. Podemos ver casi a diario, personas fallecidas a manos de los cuerpos de seguridad. No digo que todas sean ejecuciones extrajudiciales, pero hay que tener en cuenta que en Venezuela no existe formalmente la pena de muerte, pena que por cierto está en proceso de extinción en todo el mundo.

En el seguimiento de casos presentes en los medios llegamos a contar 1.520 personas, y eso es apenas la punta del iceberg, porque hablamos apenas del 20 o 30% de los casos que son los que llegan a la prensa. La cifra real sin duda es mucho mayor. ¿Y cuál es el perfil de estas personas? Hombres, jóvenes y pobres. Actualmente está en marcha una masacre por goteo de los jóvenes populares de nuestros barrios.

Fuente: Simón Herrera / Supuesto Negado

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