26 de junio Día Internacional de las NNUU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura


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PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICION CONTRA LA TORTURA 

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea, por recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 1997/251), proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución 52/149), con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución39/46), que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.

El artículo 15 de la Constitución Política del Estado señala que: “Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”.  Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.

Las organizaciones integrantes de la “Coalición contra la Tortura” expresamos nuestra preocupación por los hechos que vulneran la dignidad y los derechos humanos.

 

  1. La presunción de inocencia, un principio fundamental para el respeto a los Derechos Humanos, no está debidamente garantizado por el sistema judicial, como se ha demostrado en varios hechos de conocimiento público.
  2. El uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como métodos de investigación para obtener información o confesión son prácticas que permanentemente se denuncian, sin embargo, no se aplican sanciones a los responsables fomentando la impunidad.
  3. El uso de la tortura como método de castigo y amedrentamiento en las Fuerzas Armadas y la Policía que causa daños psíquicos irreversibles en las víctimas y en los perpetradores de esta práctica.
  4. Hasta hoy, el ITEI, continúa atendiendo a nivel médico y psicológico personas afectadas, por tortura y otras formas de violencia de Estado utilizados en tiempos de dictadura y de democracia. La mentalidad de las fuerzas represivas en dictadura persiste en democracia. La tortura tiene la finalidad de quebrar al ser humano. Es en esa lucha que atenta contra la dignidad humana que se sitúa el trabajo de rehabilitación de las personas afectadas.
  5. De manera acertada el “Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura” (SPT) que el mes de mayo visitó 23 centros de privación de libertad en Bolivia manifestó la necesidad que el “Servicio para la Prevención de la Tortura” (SEPRET) que se encuentra actualmente bajo la tuición del Ministerio de Justicia sea un órgano independiente porque tiene que tener la plena libertad y los fondos económicos necesarios para investigar y denunciar actos de tortura en todo el país.
  6. Las personas afectadas por tortura, prisión y exilio en tiempos de dictadura, hasta hoy no han recibido el resarcimiento que les otorga la ley.

En consecuencia instamos al Gobierno Boliviano a:

  • Hacer públicas las observaciones y recomendaciones del informe confidencial que le ha sido entregado por el Sub Comité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
  • Concretar las políticas de reparación a las víctimas de las dictaduras que aún están pendientes
  • Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, asumidas por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo contra la Tortura:
  • Creación mediante un procedimiento público, transparente, inclusivo e independiente en el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en particular la sociedad civil.
  • El mecanismo nacional de prevención debe encauzar sus acciones y recursos para lograr una contribución real a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Exigimos al Gobierno:

  • Que tome las medidas necesarias para que la Comisión de la Verdad comience a funcionar.
  • La apertura de los archivos militares para que esta comisión pueda realizar su trabajo en debida forma.

Como Coalición contra la tortura, ratificamos nuestro compromiso de lucha, vigilancia y seguimiento de las situaciones de tortura en nuestro país, de trabajo sostenido hasta lograr un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, independiente que tenga como resultado el fortalecimiento de una democracia sin tortura.

¡Porque  la lucha contra la tortura se vuelva una acción colectiva!

Por la Coalición contra la Tortura:

  • Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
  • Comunidad de Derechos Humanos
  • Capitulo Boliviano de Derechos Humanos
  • Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz
  • Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses
  • Pastoral Penitenciaria Caritas Boliviana

 

 

 

 

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