19 de abril no debe ser un día de represión ni de injusticias


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Es indudable que Venezuela atraviesa actualmente una crisis. En este contexto, debido a la fuerte represión que han tenido que enfrentar probablemente miles de personas a la hora de ejercer su derecho a la libertad de expresión, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional los ojos estarán puestos en la concentración que tendrá lugar mañana 19 de abril, en Caracas. Oposición y gobierno se movilizarán ese mismo día. Al respecto, defensoras y defensores de derechos humanos del país alzan la voz en exigencia de señales claras por parte de altas autoridades del Estado venezolano de que la integridad de las y los manifestantes será respetada tanto de parte de actores oficiales como de grupos armados afectos al oficialismo, que deben ser contenidos.

El 19 de abril debe ser un día donde no impere la criminalización de las protestas y las detenciones arbitrarias, manifiesta la ONG Red de Apoyo. “Los venezolanos tenemos el derecho a determinar nuestro futuro en plena libertad”, afirmó Laura Roldán Coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. En tal sentido, es importante que los organismos encargados investiguen inmediatamente de manera independiente y exhaustiva los excesos cometidos en el control del orden público, porque configuran graves infracciones del derecho internacional y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. “No se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el orden público”. La protesta es un derecho consagrado.

Liliana Ortega, abogada y defensora de derechos humanos, coordinadora y fundadora de Cofavic aseveró que en Venezuela ha habido un desarrollo de las normas de control de orden público, que son incompatibles con los derechos humanos. “Todos los países del mundo tienen que enfrentar manifestaciones, pero tienen que hacerlo respetando los derechos sus ciudadanos”. La activista señaló que manifestar no es un delito ni un crimen y agregó que los Estados no pueden inmiscuirse en el ejercicio de ese derecho, sino respetar y garantizarlo.

El Estado venezolano, tal como lo contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe adoptar las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza pública, así como el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. “Se debe controlar el orden público, pero lo que no puede hacer es sacrificar los derechos humanos para garantizar la estabilidad”.

En Venezuela, el uso proporcional de la fuerza pública está regido por la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual establece en su artículo 68, que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía estará orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo constitucional y legal, la adopción de escalas progresivas para el uso de la fuerza en función del nivel de resistencia y oposición de la ciudadana o ciudadano, los procedimientos de seguimiento y supervisión de su uso, entrenamiento policial permanente y difusión de instructivos entre la comunidad, a fin de facilitar la contraloría social en esta materia. El traspaso en el uso de la fuerza mortal solo estará justificado para la defensa de la vida de la funcionaria o funcionario policial o de un tercero”.

Mientras que el artículo 70 refiere que “El Funcionario policial debe mantener el menor nivel del uso de la fuerza para el logro del objetivo propuesto, y en ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni maltratos morales a las personas objeto de la acción policial, ni emplearse la fuerza como forma de castigo directo”.  Tampoco pueden utilizarse armas o agentes químicos propulsados directamente contra el cuerpo de las personas, municiones o cartuchos no permitidos que pretendan ocasionar lesiones o la muerte o realicen actos de castigo o ensañamiento contra las personas.

La presencia, despliegue táctico y el diálogo deben ser los métodos habituales del funcionario policial para la solución de los conflictos entre ciudadanas, ciudadanos o grupos de estos.

¿Qué hacer si eres detenido en medio de una manifestación?

Las leyes son claras y es importante saber que nadie puede ser detenido sino es sorprendido cometiendo el delito o cuando lo acaba de hacer, y para esto se debe tomar en cuenta que manifestar pacíficamente es un derecho establecido en el artículo 53 de la CRBV y no se encuentra establecido como delito en nuestra legislación penal aunque cuando la manifestación va acompañada de alteraciones al orden público, obstrucción de vías públicas, uso ilícito de armas, entre otras, sí se incurre en la comisión de delitos.

En primer lugar debes tener presente que si eres detenido te deben permitir comunicarte con tus familiares, abogados o asociación de asistencia jurídica para informar tu detención (Art. 125 COPP), igualmente la autoridad policial que realice la detención debe dentro de un lapso de 12 horas poner al detenido a las órdenes del Fiscal del Ministerio Público, quien a su vez deberá dentro de las 36 horas siguientes presentar a este ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del lugar de la detención para que se efectué la Audiencia de Presentación. Desde el momento de la detención los organismos policiales y judiciales deben ser vigilantes del cumplimiento del debido proceso.

La CRBV es clara en su artículo 44 al afirmar que “Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada a identificarse”. Por lo tanto, sólo las personas identificadas como funcionarios policiales pueden detener a alguien previa presentación de sus documentos de identificación.

La defensa es un derecho inviolable en todo grado de la investigación y del proceso y califica como nulas las declaraciones que sean hechas sin la presencia del abogado del imputado de un delito. La CRBV establece que nadie puede ser obligada a declarar contra sí mismo, ni su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad es decir familiares cercanos, hermanos, hijos, padres, tíos, sobrinos, primos, suegros, cuñados…

La tortura es un delito de violación de derechos humanos, está prohibida en nuestro país por la CRBV, así como por pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Sí confiesas haber cometido un hecho ilícito mediante la tortura, esa confesión no tiene validez: Si una persona es torturada por un funcionario público, en las circunstancias que sea, debe acudir a la Fiscalía General de la República para presentar la respectiva denuncia y para que se ordene el examen médico forense necesario para determinar la magnitud de los daños causados. En caso de que la tortura sea ejecutada durante la detención debe comunicarlo de inmediato a su abogado y al Fiscal del Ministerio Público que lleva el caso para las averiguaciones respectivas y la sanción de los culpables.

El mundo atento: Plataforma digital de Amnistía Internacional para denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela

Con el fin de recopilar denuncias relacionadas con casos de detenciones, arrestos o retenciones ilegales; torturas, maltratos o tratos crueles inhumanos y degradantes; así como posibles asesinatos y desapariciones en el contexto de la actual crisis social y política que vive Venezuela; Amnistía Internacional pone a disposición del público general una nueva plataforma en línea.

A través del enlace amnistiaonline.org/denuncia víctimas en Venezuela de casos de estas violaciones graves de derechos humanos o personas relacionadas directamente con alguna víctima de un caso de violación de derechos humanos arriba expuesto cuentan con un canal de comunicación directo que conecta con el Equipo de Investigación sobre Venezuela de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, liderado por Valentina Ballestas. “La obligación de las autoridades venezolanas es respetar la libertad de expresión de su gente y no reprimirla con fuerza excesiva” manifestó Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Al hacerlo, llevan al país hacia una catástrofe de consecuencias imprevisibles”.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con su obligación de garantizar los derechos a la manifestación y asociación, sin temor a lesiones, perder la libertad o la vida, reiterando la importancia de garantizar tanto la labor de las defensoras y de los defensores de derechos humanos, como la labor de las trabajadoras y los trabajadores de la prensa en estos contextos.

 

Fuente: Gabriela Buada Blondell / Amnistía Internacional Venezuela

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